El Ayuntamiento de Paterna ha iniciado los trámites para solicitar al Gobierno la declaración de zona franca de una zona industrial y de servicios que quiere desarrollar, de unos 500.000 metros cuadrados.
Se trataría, en caso de aprobarse, de la quinta zona franca española y la primera separada de la costa, ya que el municipio valenciano no tiene salida al mar.
Aunque siempre se han asociado las zonas francas a recintos costeros adyacentes a un puerto y cercados, la legislación aduanera comunitaria no exige que el polígono esté en el litoral. En el caso de Paterna, estaría a 10 kilómetros lineales de la costa y a unos 20 por autovía del puerto de Valencia.
El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, del Partido Popular, que lleva personalmente las negociaciones, busca aprovechar la exención de derechos arancelarios para las mercancías extranjeras y otra serie de ventajas fiscales de las que ya gozan las cuatro zonas francas existentes, situadas en Barcelona, Cádiz -ambas creadas en 1929-, Vigo -1947- y Las Palmas, aprobada en 1998.
Las empresas allí instaladas se benefician de un régimen aduanero simplificado por el cual pueden importar piezas para actividades industriales de ensamblaje o acabado de producto sin pagar impuestos hasta que este sea introducido en el mercado, bien interior o bien de exportación.
En España existen también 16 depósitos francos, uno de ellos en el puerto de Valencia, que gozan de las mismas ventajas pero solo para el almacenaje de productos.
Agustí alumbró la idea tras visitar China y constatar que había interés de empresarios asiáticos por instalar fábricas de acabado en Europa, con el fin de que sus productos lleven el sello comunitario. Y gran parte de los productos chinos que entran en España lo hacen por el puerto de Valencia.
Según el concejal de Empresa del Ayuntamiento de Paterna, Manuel Palma, "no tiene sentido que el puerto que más mercancía mueve de España no tenga una zona franca".
Hacienda lo ve factible
El proyecto lo impulsan el Ayuntamiento y el Instituto Tecnológico de la Construcción (Aidico), formado por la Generalitat y empresarios de este sector.
Agustí presentó la semana pasada sus planes al delegado de la Agencia Tributaria en Valencia, Manuel Cabrera, y a la jefa de la Dependencia Regional de Aduanas, María Serrano, quienes, según fuentes municipales, vieron factible el proyecto e instaron al alcalde a iniciar cuanto antes la tramitación de la licencia ante el Ministerio, pues es un proceso complejo.
En cuanto a la inversión necesaria, Agustí no la ha cuantificado, pero sí ha señalado que buscará la participación de Sepes y su equivalente autonómico, Sepiva, así como de inversores privados.
El alcalde presenta el proyecto
