Un millar de trabajadores de 10 Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana se han sumado a la parada de cinco minutos convocada por los comités de empresa para denunciar "la angustiosa situación financiera a la que les ha conducido el impago" de su trabajo de 2010 y 2011.
Según han denunciado los comités de empresa mediante un comunicado, la cantidad adeudada por el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (Impiva), dependiente de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat, asciende a 52 millones de euros.
Estos cinco minutos de silencio, que mantendrán todos los martes "hasta que haya una solución", según los convocantes, y son la primera de las acciones de presión acordadas por los trabajadores para presionar a la Generalitat y que "tome medidas inmediatas para evitar el colapso financiero de los Institutos Tecnológicos después de las vacaciones", afirma el comunicado.
Según los afectados, "el retraso del pago por el trabajo realizado no solo es insostenible sino que puede desembocar en una situación irreversible y letal para el sistema de innovación valenciano".
Los trabajadores han explicado que "la red de 14 Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana está ahora mismo pendiente de un hilo debido a que la Generalitat Valenciana le adeuda 52 millones de euros correspondientes a trabajo ya realizado y auditado en 2010 y 2011".
"Una situación sangrante y todavía más llamativa cuando el 80 por ciento de esos fondos los paga la Unión Europea", añaden. Según advierten, "el impago de la administración valenciana puede provocar que la Comunitat Valenciana deje de recibir 40 millones de euros de Europa porque la Generalitat no cumple con sus compromisos de pago".
La primera consecuencia directa, según los comités, ha sido la reducción de personal investigador que han tenido que llevar a cabo la mayor parte de los centros tecnológicos y la realización de hasta cuatro expedientes de regulación de empleo.
Para los comités de empresa convocantes de las protestas, "estamos ante una situación crítica, excepcional y límite en la que se juega el presente y el futuro del sistema de innovación valenciana que cuenta con más de 30 años de historia".
Además de peligrar el puesto de trabajo de 1.500 familias, "nos exponemos a frenar en seco centenares de investigaciones, proyectos e iniciativas que los institutos tecnológicos llevamos a cabo con empresas y pymes valencianas fruto de años de trabajo" asegura.