Los propietarios de la empresa Nuevas Tecnologías Catalá (NT Catalá), Pedro Peláez y Leonardo Scannone, han presentado una denuncia ante la Fiscalía contra Apple Inc por supuesta extorsión, en relación con el pleito que mantuvieron ambas compañías por la importación de tablets que la multinacional norteamericana consideró que plagiaban su producto estrella, el iPad.
Según ha explicado un portavoz de la compañía valenciana, los denunciantes solicitan a la Fiscalía que investigue todas las incautaciones de productos informáticos en la Aduana instadas por Apple, al entender que podrían haberse hecho con el mismo procedimiento que se empleó con ellos, que consideran ilegal.
Apple presentó en noviembre de 2010 una denuncia por supuesto delito contra la propiedad intelectual contra NT Catalá y solicitó la paralización de sus primeros 71 tablets en la Aduana de Valencia, al entender que eran una copia de sus iPad. Este hecho impidió a la mercantil valenciana la comercialización de su producto durante un año. El tablet, denominado NT-K Pad, fue desarrollado en España y fabricado en China.
Según los empresarios, Apple, que había recibido un aviso de la Aduana, les había enviado anteriormente un burofax en el que "amenazaba" con presentar una denuncia si no destruían los tablets y renunciaban por escrito a demandar a Apple, a lo que se negaron. Según afirman en la denuncia, la actuación de Apple estuvo acompañada de "una actitud manifiestamente intimidatoria" con el objeto de obligarles "a realizar actos en perjuicio de su patrimonio y en beneficio económico" de la multinacional.
En lugar aceptar, propusieron encargar una prueba pericial conjunta para comprobar si los productos tenían la similitud que Apple alegaba, pero la multinacional se negó, por lo que NT Catalá solicitó la prueba a un despacho especializado en propiedad industrial, que, según la empresa, concluyó que no eran equiparables, ya que no coincidían ni en tamaño, ni en el tipo de pantalla táctil ni en sus pulgadas, tenían un sistema operativo diferente y las de NT Catalá tenían batería extraíble y no contaban con 3G.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Quart de Poblet (Valencia) acordó en noviembre de 2011 el sobreseimiento provisional de la denuncia interpuesta por Apple, que no recurrió la decisión. Según fuentes de NT Catalá, "no la recurrió porque su objetivo ya estaba cumplido".
Demanda por vía civil
Este objetivo, según la empresa, sería evitar que productos de la competencia llegaran al mercado. Por ello, la primera acción legal de NT Catalá fue una denuncia ante la Comisión de Defensa de la Competencia, que todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto.
Además de la denuncia de los propietarios contra Apple, NT Catalá prepara una demanda en la que solicitará una indemnización por daños y perjuicios que podría alcanzar los 10 millones de euros, según afirmaron los propietarios poco después de la resolución del juzgado de Quart de Poblet.
Según la empresa, NT Catalá ha estado hasta la primera semana de enero de 2012 en la "lista negra de los importadores" que maneja la Aduana, que incluye a aquellas empresas que tiene alguna denuncia por propiedad intelectual, y esto "paralizó la venta de ordenadores, se perdieron los distribuidores y no se pudieron distribuir unos 15.000 tablets, que era la previsión para el primer año".
Un portavoz oficial de Apple en España consultado por elEconomista rehusó pronunciarse sobre esta denuncia al no tener información al respecto.
Por su parte, Pedro Peláez afirmó, a través de un comunicado, que "el argumento esgrimido para obligarnos a destruir nuestros productos, impedir futuras comercializaciones del mismo, renunciar a nuestros derechos y entregar toda nuestra cartera de clientes, no giraba en torno al presunto delito de plagio que los abogados de Apple sabían que no podían demostrar (de hecho se negaron a realizar cualquier tipo de prueba pericial al respecto) sino en el daño que una compañía gigantesca como Apple podía causar a una pequeña empresa como la nuestra si no cedíamos a sus pretensiones, ya que su maquinaría legal lograría paralizar toda nuestra actividad importadora a través de una denuncia por vía penal aunque ellos sabían que carecía de cualquier fundamento".
