La dirección de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) anunció este lunes a los representantes de sus 1.800 trabajadores el inicio de los trámites para reducir la plantilla, sin especificar en qué medida, aunque desde hace meses se barajan cifras de entre 800 y 1.200 afectados, de los que un tercio serían periodistas.
El expediente de regulación de empleo (ERE) en la la televisión pública se daba por hecho desde que el ente encargó un informe a PriceWaterhouseCoopers (PwC) hace un año, informe que no se ha hecho público pero que, según fuentes de la Generalitat, recomienda un importante recorte en el capítulo de personal, cuyo gasto -80 millones en 2010- es más del triple de la facturación el ente.
El consejo de administración convocará este miércoles un concurso para ejecutar el plan de reestructuración del grupo RTVV, que incluye el ente y las filiales Canal 9 y Ràdio 9. El concurso tiene un precio de licitación de 190.000 euros, según Comisiones Obreras. El pliego de condiciones recoge que en seis semanas se resolverá el concurso, es decir, se conocerá la empresa encargada de confeccionar el plan de ajuste.
Este proceso se desarrollará en paralelo a la aprobación de la nueva ley de RTVV, que reforma la de 1984 para crear una sola sociedad mercantil pública con un sistema mixto de financiación. Se reducirá el número de miembros del consejo de administración de 12 a nueve, que serán elegidos por las Cortes con mayoría de tres quintos.
El texto también prevé la suscripción cada tres años de un contrato-programa entre la Generalitat y el grupo, que contemplará las aportaciones con cargo a los Presupuestos de la Generalitat destinadas a la prestación del servicio público especificado en la ley. El resto de la programación se financiará con publicidad.
El anteproyecto no especifica qué ocurrirá con la deuda de 1.200 millones que acumula RTVV, pero la intención de la Generalitat es asumirla, como viene haciendo de hecho desde hace dos años ?tanto capital como intereses? al haberse negado los bancos a renovar las pólizas y no tener el ente recursos para hacer frente a los vencimientos.
