El pasado 2016 fue un año récord para el sector turístico, que registró una evolución positiva en los principales indicadores: llegada de viajeros, pernoctaciones, porcentaje de ocupación, estancias medias y volumen total de negocio. Sin embargo, el ingreso medio por turista extranjero en empresas nacionales se redujo por quinto año consecutivo, con una caída del 3% -con 721 euros de media por estancia-, lo que eleva el descenso desde 2011 al 16%, según datos de Exceltur. En la Comunitat Valenciana, este ratio se sitúa entre los peores de España, con 90 euros por persona y día, frente a 130 euros de media.
Una brecha que supone un lastre para la rentabilidad de los negocios turísticos y que, para los empresarios valencianos, tiene un claro responsable: la proliferación de alojamientos ilegales, que han pasado de suponer en torno al 5% del total de plazas disponibles en la región en 2010 a entre el 25 y el 30% en la actualidad, según estimación de la Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunitat Valenciana (CET-CV).
Solo en los dos últimos años, mientras el crecimiento de la oferta de plazas legalizadas fue del 1,6%, las no registradas aumentaron un 74,8%, situándose en más de 1,7 millones de las 3,7 millones de plazas ofertadas en España, según Exceltur. En la Comunitat Valenciana, se estiman en unas 170.000 las unidades no registradas. La búsqueda de ingresos alternativos por propietarios, de bajos precios por el turista y la proliferación de plataformas online especializadas en alojamientos han impulsado este tipo de oferta.
La patronal hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec) indica que el 80% de usuarios de estos alojamientos son extranjeros.
"Hay una parte importante de gasto opaco, que no se contabiliza. No cumplen con ninguna de las obligaciones empresariales y fiscales y presionan a la baja los precios, para poder competir. Siempre ha existido, pero se ha desfasado por completo y hay que actuar de forma contundente", pide Luis Martí, presidente de la Federación Hotelera valenciana y vicepresidente de CET.
Un nuevo marco legal
La Agencia Valenciana de Turismo (AVT) de la Generalitat ha mantenido una postura firme en la lucha contra la oferta ilegal, con planes de concienciación y fomento de la regularización de plazas no registradas, inspecciones y sanciones a los incumplidores, en colaboración con la Conselleria de Hacienda. Una política que se reforzará con la futura Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, en trámite de consultas.
"Lo importante es que la norma tenga una aplicación real, porque, pese a las medidas adoptadas, la oferta ilegal sigue creciendo. En toda la Comunitat sólo hay ahora cuatro inspectores trabajando en esta materia", señala Martí.
En esta línea, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, indicó, en un encuentro con empresarios, que "se empoderará a más actores para la lucha contra el fraude". Entre otros, mencionó a Hacienda, Ayuntamientos, los cuerpos de policía, los administradores de fincas, las asociaciones de consumidores, organizaciones empresariales y cámaras de comercio.
"En la Comunitat Valenciana la ley debe cumplirla todo el mundo, también la nueva economía colaborativa", subrayó Colomer.
En febrero de 2016, la AVT anunció la apertura de expedientes sancionadores a ocho plataformas de alojamientos -Airbnb, Booking, Fotocasa, Mil Anuncios, Homeaway, Niumba, Onlyapartments y Muchosol-, por incluir viviendas no registradas. A principios de enero, la AVT anunció "sanciones firmes" a tres de estas compañías -que no detalló-. Asimismo, ha abierto otros seis expedientes sancionadores, que contemplan una multa de 30.000 euros, para seis plataformas -entre ellas, Airbnb- por mantener la publicidad de viviendas sin registro. Tienen seis meses para alegar y, si la multa se confirma, pueden recurrir. Airbnb logró, en Cataluña, que el Tribunal Superior de Justicia aceptase su recurso y anulase la multa fijada por la Generalitat catalana.
Choque con Competencia
La posición de la Comisión de Defensa de la Competencia (CDC) de la Generalitat Valenciana -organismo dependiente de la Conselleria de Economía- en su informe sobre la propuesta de Ley de Ocio, Turismo y Hospitalidad -emitido en diciembre- ha sorprendido al sector y a Turismo -que depende de Presidencia-, al posicionarse en contra de las propuestas referidas al control, registro y sanciones de los alojamientos ilegales, por considerar que representan "una restricción desproporcionada de la libertad de empresa y de competencia". Defiende que la inscripción de las viviendas de uso turístico sea solo "informativa y potestativa" y se posiciona del lado de las plataformas online intermediarias.
La reacción del sector turístico es contundente. "Lo que resulta un ataque a la libre competencia es que se estén comercializando a través de plataformas cientos de miles de plazas turísticas sin ningún control y sin tributar ", critican desde Hosbec. "Es la primera vez que vemos que una Administración se pone del lado de los defraudadores", añade.
Aunque el informe de la CDC no es vinculante, supone la primera fisura en la política que había defendido la Generalitat en este ámbito.
