El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) no está conforme con el Auto del Juez que cierra la instrucción del caso Spanair sobre el accidente que provocó la muerte de 154 personas en agosto de 2008. Lo considera insuficiente en cuanto a la determinación de responsabilidad y por eso lo ha recurrido.
El Sepla argumenta que el auto del juez se limita a señalar a uno de los eslabones más débiles en la cadena de seguridad, el mecánico de mantenimiento. "Con este auto, el juez obvia la responsabilidad de otros agentes implicados directa o indirectamente en el accidente", dice el Sindicato.
Después de tres años y medio, el auto dictado por el juez finaliza la fase de instrucción, dando paso a la apertura de la vista oral contra los dos mecánicos que atendieron el avión accidentado. Asimismo, el auto supone el sobreseimiento de la causa contra los otros tres imputados hasta el momento, todos ellos cargos medios de la aerolínea.
El Sepla no está de acuerdo con que mientras el auto recurre al informe del Órgano Pericial Colegiado, otorgándole un "valor preferente" sobre el resto de informes para ratificar la imputación de los dos mecánicos de mantenimiento, cambie de criterio en relación a los otros imputados. En el caso de estos últimos el juez se acoge al informe de sus peritos y al informe técnico de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) para exculparles, al igual que hace con el propio fabricante del avión, Boeing, y con las autoridades de aviación españolas y estadounidenses.
El informe del Órgano Pericial Colegiado (OPC) apuntaba la implicación del fabricante y de Aviación Civil, que no fueron capaces de implementar medidas correctoras para que la tripulación del vuelo de Spanair fuera alertada en caso de que el TOWS (sistema de alarma de configuración inadecuada para el despegue) no funcionara. Ello, a pesar de que las autoridades norteamericanas así lo recomendarán el accidente de Detroit de 1987, muy similar al de Barajas.
Los argumentos en este punto del OPC, que estima que con una directiva de aeronavegabilidad se habría evitado un accidente como el ocurrido, son descartados por el juez, quien considera que no se cometió infracción de norma alguna.
