El anuncio del nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos de liberar los peajes de las autopistas una vez que acabe su concesión supone la desaparición de hasta 1.300 empleos directos.
Esta medida afecta a la autopista AP-1 que une Burgos y Armiñón, la AP-7, que discurre entre Alicante y Tarragona y la AP-4, que conecta Sevilla y Cádiz.
La primera concesión que acaba es la de la autopista AP-1 que esta previsto para el 30 de noviembre y supondría la pérdida de 121 puestos de trabajos, a UGT cree que en el caso de no ampliar a tres carriles esta autopista habrá colapso y se producirá un deterioro de las infraestructuras.
Una vez que esta concesión sea revertida le seguirá la AP-7 y la AP-4, , en diciembre de 2019. Ambas ocupan en la actualidad a más de 300 trabajadores.
En los cinco primeros meses del año, el tráfico de la AP-1 entre Burgos-Armiñón creció de media un 1,54 %; el de la AP-7 entre Tarragona y Alicante un 2,56 %, mientras que la AP-4 entre Sevilla y Cádiz se anotó un crecimiento del 3,16 %, respecto al mismo periodo del año anterior.
En este contexto, la UGT ha mostrado su intención de trasladas al ministro de Fomento las repercusiones que pueden tener estas medidas, tanto económica, de empleo, social y medioambiental.
Asimismo, también se ponen en dudas el modelo concesional en España como fórmula de participación público-privada, la seguridad vial, la implantación de la Euroviñeta, la contaminación, el ruido, el número de accidentes o la congestión, que son competencias compartidas con otros ministerios, como el de Medioambiente o el de Economía.
