La cúpula directiva de la Asociación Española de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones (Aegitt) tiene una cita con el juez el próximo 25 de noviembre, para declarar en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid por presuntos delitos societarios y coacciones.
En la causa comparecerán en calidad de imputados José Javier Medina, presidente de la asociación profesional, y cuatro directivos de su junta: José Fernando Díaz Bolaño, Sixto Domínguez, Isidoro García Alonso y Jordi Farré.
Según ha podido saber elEconomista, entre los asuntos que la próxima semana sentará en el banquillo a la junta directiva de los representantes de los ingenieros técnicos de telecomunicaciones se incluye la privación del acceso a las últimas juntas extraordinarias de la referida Aegitt a 58 asociados, que tampoco pudieron ejercer su derecho al voto. Según se desprende de la denuncia, aceptada a trámite por el juez, el motivo respondía a que las ideas de los afectados "no eran afines a la Junta Directiva". Dichas juntas se celebraron los pasados 22 y 24 de abril, en la sede social de Aegitt, en Madrid.
Según se apunta en la denuncia interpuesta el pasado 28 de mayo y posteriormente aceptada a trámite, la junta directiva optó por privar del voto a más de las dos terceras partes de los asistentes a la última junta "para evitar votaciones en contra, tal y como había sucedido el año anterior".
De hecho, según los denunciantes, "la única manera de poder conseguir la aprobación de estos puntos del orden del día era privar de voto a los asociados díscolos, motivo por el cual fueron privados de voto 58 asociados".
Las mismas fuentes apuntan que la asociación profesional es una entidad que, además de participar directamente en el mercado, lo hace a través de una sociedad mercantil (Patrimonial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, PITT), de la que posee el 89 por ciento del capital social y que cuenta con activos superiores a los 12 millones de euros. La referida sociedad patrimonial "tiene una relación muy directa con todos los asociados", además de estar dirigida por los miembros de la Aegitt.
La opacidad en la gestión y en las cuentas de la sociedad patrimonial forma parte también de la denuncia, según indican las fuentes consultadas. "Los fondos de la Pitt provienen tanto de la Aegitt como del Colegio de Ingenieros Técnico (Coitt), al que la asociación está vinculado, de manera que en los últimos años se han llevado a cabo ampliaciones de capital por un importe de 3,87 millones de euros, y que han resultado bastante opacas para los asociados, puesto que se ha escamoteado a la asamblea de cualquier información".
El Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid también analizará el presunto delito de coacciones de la junta directiva de la Aegitt, caracterizado por "una conducta violeta de contenido material, intimidación e intención dolosa".