También las compañías de transporte, restaurantes, parkings y espectáculos se rebelan ante la irrupción de los nuevos usos de Internet y de las redes sociales que amenazan sus actividades tradicionales reguladas.
No hay cifras. Es imposible saber con certeza cuánto dinero se mueve o cuántas personas están involucradas en los llamados negocios colaborativos. Pero la llegada de aplicaciones móviles y plataformas online, como Uber o BlablaCar, están poniendo en jaque los negocios tradicionales de muchos sectores. Algunos defienden estas nuevas actividades por el ahorro de costes y por el beneficio en el medio ambiente. Otros, en cambio, los acusan de ilegales y de competencia desleal.
Internet ha cambiado totalmente la forma de entender el mundo de los negocios. Cualquier persona puede convertirse ahora en una empresa y ofrecer los mismos servicios. Pero esto no es nada nuevo. Los nuevos usos de Internet y de las redes sociales recuerdan a los clásicos anuncios de alquiler de viviendas entre particulares situados en farolas, balcones y periódicos o a las triquiñuelas de algunos profesionales por evitar cobrar el IVA para no declarar los ingresos. "La figura del taxi pirata, por ejemplo, existe en España desde los años 60. La novedad es que ahora esta economía paralela se crea en Internet", dice Francisco Marín, miembro de EFPA en España.
Compañías de transporte, hoteles y restaurantes (entre otras), que aprovecharon en su día las oportunidades que Internet les ofrecía para llegar a nuevos nichos de mercado, ven ahora a la Red como una herramienta enemiga por la proliferación de este tipo de prácticas "intrusas" e "ilegales". Las cadenas hoteleras ponen el grito en el cielo por aplicaciones y plataformas de alojamiento como Airbnb, Alterkeys y Wimdu, mientras que el sector del transporte se enfrenta a la competencia de empresas como Uber (ofrece taxis particulares), Blablacar (coches compartidos) y Sociocar (los propietarios de los vehículos alquilan su coche cuando no lo utilizan).
De hecho, después de la huelga de taxis de hace unos días en Europa, las patronales de los sectores relacionados con el transporte de viajeros por carretera (autobuses, alquiler de vehículos, taxis y agencias de viajes) ya han comunicado que se reunirán el próximo lunes para analizar el fenómeno del coche compartido. Y es que la patronal Fenebús, por ejemplo, achaca a este nuevo modelo de transporte de particulares la mitad de la caída de viajeros del 14 por ciento que registraron las líneas regulares de autobús hasta el pasado mes de abril.
Otros negocios como los restaurantes también se han visto reflejados en estas aplicaciones a través de, por ejemplo, Eatwith, una página en la que particulares sirven en sus casas cenas a cambio de una cantidad económica. El mundo del espectáculo ha detectado también a usuarios que se ofrecen en la Red para dar conciertos privados en lugares como tiendas de muebles vintage o videoclubs. "Existen plataformas como Indies keeping Secrets (hay otras como Sofarsounds) donde previo registro recibes cada cierto tiempo un email con conciertos secretos. Son espectáculos a ciegas en las que se desconoce el grupo y con aforo limitado en los que se paga normalmente la voluntad o cantidades simbólicas como cinco euros", cuenta M.A, un joven de 28 años. El negocio colaborativo llega también hasta al parking con WeSmartpark, que permite alquilar plazas de aparcamiento cuando están libres.
¿Vacío legal?
El boom del negocio colaborativo se ha intensificado con la crisis. Según el informe Compartir en Sociedad, elaborado por la compañía Nielsen a partir del estudio de los hábitos de 30.000 personas de 60 países, el 53 por ciento de los españoles estaría dispuesto a alquilar o compartir sus bienes para obtener un beneficio económico, frente a la media comunitaria del 44 por ciento. ¿Estas prácticas son ilegales? ¿Aprovechan un vacío legal?
El Ministerio de Fomento, por ejemplo, se pronunció a favor del gremio del taxi recordando que cualquier empresa o persona que realice transportes de viajeros por cuenta ajena mediante retribución económica debe estar previamente autorizado. Mientras que Bruselas les dio espaldarazo al dejar la resolución del conflicto en manos de los Estados.
Los sectores damnificados acusan además a todas estas compañías de alimentar la economía sumergida aprovechando un vacío legal. Una crítica que matiza Luis del Almo, gerente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), al señalar que no cree que haya vacío legal, sino que el problema está en que "fiscalizar sus rentas no es tan fácil". Los expertos Del Almo y Marín reclaman que la Agencia Tributaria es la única que puede interceptar estas páginas y exigir un requerimiento de la actividad tributaria, ya que "no hay una identificación clara de que reciban rentas al ser relaciones entre particulares".
Situación en el exterior
La polémica no sólo está servida en España como se ha visto con la protesta contra Uber. En Bélgica, por ejemplo, ya se prohibió el uso de estos taxis particulares y en Italia continúa el debate mientras que son los ayuntamientos los que están decidiendo por su cuenta, basándose en leyes que se remontan a los noventa. En este caso, desde Italia aseguran que el sector del taxi sigue reticente a cualquier modernización para no perder los privilegios (hay pocos servicios y los taxis son más caros que en el resto de Europa).
En el caso de EEUU, como pioneros de la economía compartida, Airbnb y Uber enfrentan importantes desafíos en su principal mercado (EEUU). Hoteleros y taxistas han alzado la voz contra estos modelos de negocio. Y Airbnb ya ha puesto en marcha planes para cobrar impuestos de hospedaje a sus clientes con el fin de ganarse a los reguladores tras varios casos judiciales. Airbnb dice que aportará a las arcas 21 millones de dólares en impuestos al año. En Portland y San Francisco también se imponen estas prácticas.
El caso de Uber es más delicado. Cada ciudad tiene su propio reglamento. Minnesota pide que obtengan licencias comerciales, mientras que Chicago y Washington DC están en el proceso de revisar su regulación al respecto. Nueva York, por su parte, ha dictaminado que pedir un servicio de coche online o a través de una aplicación es legal, mientras que en Pittsburgh se ha acusado a diversos conductores de Uber y Lyft de delitos penales por operar de forma encubierta.
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