La OCDE no lo duda: durante la última década, en España "se han realizado progresos impresionantes", pero el marco normativo "resulta complicado, pesado y costoso, tanto para la Administración como para la industria".
Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se deshacía en elogios durante la presentación del informe en el que se da cuenta de la evolución ambiental de España durante la última década, titulado Análisis de los resultados medioambientales de España 2015.
Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) no cabía en el vestido de alegría mientras recibía las felicitaciones por los "excepcionales" resultados del análisis; "en la OCDE prácticamente no empleamos esa palabra", dijo Gurría.
No obstante, entre parabién y parabién, hubo hueco para señalar que se mantienen perniciosas subvenciones, como las del carbón -Gurría sostuvo que es "ineluctable" eliminarlas- y para reclamar una subida de la fiscalidad ambiental, sobre todo en los vehículos de gasóleo.
Un informe por década
La OCDE revisa periódicamente el comportamiento ambiental de sus países miembros, aproximadamente una vez por década, y suele aplicar la mesura tanto para ponderar lo positivo como lo negativo. Por eso resulta tan llamativa la positiva valoración que hace en el caso de España.
Sin embargo, podría ser mucho mejor: en el Indicador de Rigor Ambiental de la Organización, que mide las exigencias normativas de cada Estado, España está ligeramente por encima de la media, pero en el Indicador de Carga Ambiental, que mide el impacto de la aplicación de dicha normativa en el tejido productivo, estamos en última posición.
Es decir, la descoordinación administrativa y los malos procedimientos son el principal lastre. A ello hay que añadir que la política industrial y la ambiental guardan escasa relación. Así, "podría hacerse más para aliviar la carga que pesa sobre las empresas y recortar los costes que soporta la economía, sin poner en peligro el nivel de protección del medio ambiente", señala el Informe.
Dormirse para luego correr sin coordinación
"El rigor de las políticas ambientales se ha incrementado en España más rápidamente que en la mayoría de los demás Estados miembros de la OCDE, sobre todo por el retraso en la adopción de los requerimientos ambientales de la UE, al que le ha seguido una armonización acelerada" sostiene el Informe, antes de añadir que "el rigor de la política ambiental española puede clasificarse como moderada, justo por encima de la media, y esto no debería tener efectos negativos sobre la productividad". No obstante, continúa la entidad, "España es el país de la OCDE en el que las políticas ambientales tienen una mayor carga para la economía en términos de competitividad y acceso al mercado".
Entre los principales factores que explican esta situación están la permanencia de subsidios y apoyos históricos a sectores contaminantes, así como "la lentitud y la incertidumbre" de los procedimientos administrativos, en el que pasan factura la bisoñez y la mezcla de las viejas y nuevas normas ambientales. Curiosamente, una de las principales quejas de las empresas, la dificultad de obtener permisos y licencias, "está entre las más bajas de la OCDE".
El Informe de la Organización desgrana pormenorizadamente el entorno normativo e institucional de la economía ambiental en España, y hace hincapié en la gran descentralización del Estado y en el peso que tienen las 17 comunidades autónomas y los municipios importantes a la hora de tomar sus propias decisiones. Además reclama una mayor coordinación entre los estamentos implicados, así como el establecimiento de "objetivos y criterios de evaluación ambiental explícitos en los programas de desarrollo industrial".
Un ejemplo del mal funcionamiento de la Administración es el número de irregularidades detectadas en la aplicación de los fondos comunitarios. Entre 2000 y 2006, España acumulaba un escandaloso 41 por ciento de todas las correcciones que la UE obligó a acometer a los Estados miembros; entre 2006 y 2009 el porcentaje había descendido, pero aún era del 31 por ciento. La principal razón de esta lamentable situación, a juicio de la OCDE, es la "debilidad" del modelo de contratación, porque, al afectar a muchas Administraciones, "aumenta las posibilidades de error".
La Organización alaba los esfuerzos del actual Gobierno para clarificar, simplificar y coordinar la trama administrativa: destaca el desatasco experimentado por las Declaraciones de Impacto Ambiental -había más de 10.000 acumuladas en 2013-, la nueva normativa de responsabilidad ambiental, la reforma de la administración local, la creación de conferencias sectoriales, de consejos nacionales, de comisiones?
A pesar de las alabanzas, la OCDE echa en falta una mayor atención al medio ambiente en el fomento industrial, tradicionalmente considerado de un modo horizontal en el resto de políticas estatales. Indica, empero, que la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial, presentada el verano pasado -sin presupuesto asociado-, comienza a avanzar en la buena dirección.
Una industria con escasa 'huella ambiental'
A pesar de la hostilidad del entorno, la industria española demuestra ser ejemplar. Integrada mayoritariamente por pymes, deja una huella relativamente pequeña en comparación con la de otras economías de nuestro entorno. Además, es campeona en el desempeño ambiental, puesto que estamos entre los tres países con más certificaciones al respecto, como la ISO 14.001 o el Emas; en el primer caso, con unas 20.000 empresas certificadas, sólo nos superan China e Italia; en el segundo, con casi 1.300 empresas certificadas, sólo nos supera Italia.
Este buen comportamiento también se aprecia en otros indicadores, como el número de firmas que publican información ambiental en su memoria de Responsabilidad Social Empresarial -el 20 por ciento de toda Europa-, o el peso de nuestras empresas en índices bursátiles sostenibles, como el FTSE4Good, o en la iniciativa Global Compact de la ONU -relativa al cumplimiento de los derechos humanos-, suscrita por unas 900 empresas hispanas sobre un total ligeramente superior a las 6.100.
Mención aparte merece la I+D+i de ámbito ambiental. Frente al históricamente escaso interés patrio por la innovación, el número de patentes ambientales -destacadamente en el ámbito de las energías renovables- está entre los mayores del mundo, con un 12,6 por ciento sobre el total de patentes. Sólo Israel y Francia nos superan, y la media de la OCDE se sitúa en el 5,6 por ciento.
En cuanto al gasto en protección ambiental, las empresas, con 2.350 millones de euros en 2011, están en línea con otros países europeos. Y el Estado tampoco destina menos fondos: el gasto de la Administración se ha incrementado más de un 60 por ciento entre 2000 y 2012, situándose en el entorno de los 7.500 millones de euros ese último año, cerca del 1,7 por ciento del PIB.
Evolución positiva de los indicadores de sostenibilidad
Los datos sobre el impacto ambiental de la industria española son lustrosos. Durante la última década, el uso del agua se ha reducido un 60 por ciento, la generación de residuos sólidos ha bajado un 22 por ciento -pero se han doblado los peligrosos-, las necesidades energéticas han menguado un 17 por ciento, el consumo de materias primas es un 14 por ciento menor, mientras que la productividad de la economía es un 49 por ciento mayor, etc. Al analizar cada uno de los indicadores, la OCDE repite en varias ocasiones que el volumen de los insumos se ha desligado de la tendencia general de la economía.
Donde hay un punto negro, destacado por el propio Gurría, es en las emisiones a la atmósfera. Los gases de efecto invernadero han aminorado un 16 por ciento y los contaminantes atmosféricos también muestran una evolución positiva -los óxidos nitrosos han bajado un 45 por ciento, las partículas un 29 por ciento, el Cadmio un 70 por ciento, etc.-, pero no ocurre lo mismo con el ozono troposférico, que sigue por encima de la media en las principales ciudades, ni con los contaminantes orgánicos persistentes, que son los más altos de todos los estados miembro. Con todo, el coste negativo total de los contaminantes atmosféricos por unidad de PIB "está entre los más bajos de la UE".
Montoro no quiere tocar la 'fiscalidad verde'
Otro de los elementos negativos es la fiscalidad ambiental. La OCDE recurre al informe elaborado el año pasado por la comisión de expertos presidida por Manuel Lagares y hace suyas las conclusiones del documento: "España dispone de margen para reforzar la aplicación de impuestos medioambientales y reducir los gravámenes sobre el trabajo con el fin de estimular el crecimiento económico".
Durante la última década, España ha mantenido subvenciones a sectores muy contaminantes y, paralelamente, ha reducido la presión impositiva sobre los comportamientos perjudiciales para el medio ambiente, hasta el punto de que son los más bajos de toda la UE en la actualidad.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desatendió las recomendaciones de la Comisión Lagares el año pasado y no dudó en responder a la OCDE el mismo día en que se presentó el Informe: "No es momento de implantar nuevos impuestos; ni el Estado ni otras Administraciones, porque debemos favorecer el crecimiento".
Aunque la población española no se caracteriza por demandar bienes y servicios ambientales, el sector económico relacionado con ellos ya tiene un peso del 2 por ciento del PIB, muy cercano al 2,4 por ciento de la agricultura.
Es sector ambiental ya suma el 2% del PIB
Aunque la población española no se caracteriza por demandar bienes y servicios ambientales, el sector económico relacionado con ellos ya tiene un peso del 2 por ciento del PIB, muy cercano al 2,4 por ciento de la agricultura.
La crisis también ha afectado al empleo, que, según Eurostat, se situaba en el entorno de los 222.000 puestos de trabajo en 2011, después de haber tocado techo con 275.000 en 2008, aunque otras fuentes dan datos muy superiores. Los sectores de las energías renovables y del tratamiento de residuos son los más importantes.
