Las estimaciones de ingresos de la Comisión Nacional del Juego por la nueva tasa del juego ascenderán a 11.326 millones de euros, según consta en la memoria justificativa que el Ministerio de Economía y Hacienda ha remitido al Congreso de los Diputados, acompañando al proyecto de ley.
Sin embargo, el informe no aporta información alguna sobre los ingresos anuales previstos por el nuevo Impuesto sobre el Juego, al considerar Economía que "es de todo punto imposible, dada la situación actual del juego, especialmente por lo que atañe al juego por medios telemáticos de todo tipo, hacer una estimación realista, basada en datos contrastados, de la recaudación esperada".
También determina que el impacto presupuestario de la creación de la Comisión Nacional del Juego será nulo, dado que se constituirá con los recursos humanos y materiales que formaban parte de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).
El nuevo cuadro de los tipos del nuevo Impuesto sobre el Juego se ha modificado profundamente en algunas de las modalidades. Así, las apuestas deportivas de contrapartida y las cruzadas que en el último anteproyecto figuraban con un 5 por ciento sobre las ganancias brutas han pasado ahora a un tipo del 25 por ciento sobre los ingresos íntegros, pero en este caso una vez restado el dinero pagado en concepto de premios.
En el caso de las combinaciones aleatorias, que en el primer anteproyecto tributaban al 35 por ciento, tributarán, según el proyecto aprobado por el Gobierno, al 10 por ciento sobre el importe total del valor de mercado de los premios efectivamente satisfechos.
En el caso de las apuestas hípicas se mantiene el tipo del 15 por ciento sin cambios desde el principio y sobre una base bruta. En la misma situación se encuentran las rifas, que ya constaban en el 20 por ciento en el último anteproyecto.
Los principales cambios se han incluido en la Tasa de Gestión del Juego, al rebajarse la tramitación de licencias y autorizaciones de 20.000 euros a 10.000 para las primeras y a 100 euros para las segundas. En la misma línea, se ha rebajado de 15.000 euros a tan solo 5.000 el mínimo por las actuaciones inspectoras o de comprobación obligatorias. Y se pagará un uno por mil por las acciones regulatorias.
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