La decisión del tribunal de Schleswig-Holstein de extraditar a Carles Puigdemont a España únicamente por el delito de malversación y no por el de rebelión o sedición abre un extraño abanico de situaciones que afectarán a la Justicia española. Las opciones ante el fallo de los jueces germanos son mínimas, ya que el instructor español sólo puede aceptar o renunciar a la entrega del acusado.
Efectivamente, el juez Pablo Llarena, instructor de la investigación del 'procés' que devino en la declaración de independencia en Cataluña, podría rechazar la entrega de Puigdemont por parte de las autoridades alemanas para juzgarle sólo por malversación de caudales públicos. La estrategia sería la de esperar a que el 'expresident' viajara a otro país para, una vez allí, reactivar de nuevo la euroorden para su detención y volver a solicitar una extradición a la nueva nación destino del político independentista. El procedimiento judicial volvería a repetirse de manera idéntica en ese país, donde se abriría una nueva oportunidad de que sus jueces sí se alinearan con los argumentos y la exposición de los hechos que respaldan los delitos esgrimidos por Llarena desde España.
Sin embargo, fuentes de la Magistratura con experiencia en casos de extradición han explicado a elEconomista.es que renunciar a la entrega de Alemania sería una opción extremadamente irregular, ya que "supondría renunciar a la persecución de un delito". La euroorden, por otra parte, tampoco se puede retirar sencillamente, ya que ha llegado a sus últimas consecuencias con la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein.
Por tanto, el paso siguiente más normal que cabe esperar de la Justicia española sería el de aceptar la extradición alemana de Puigdemont por malversación de caudales públicos y juzgarle únicamente por ese delito una vez sea entregado a las autoridades y se ponga a disposición de un tribunal en nuestro país. Este delito tiene una condena que oscila entre los 4 y los 8 años de prisión dependiendo de la cantidad malversada, y sólo si ésta supera los 250.000 euros puede imponerse una pena máxima de 12 años en privación de libertad. Según los informes de la Guardia Civil contemplados en la investigación judicial, el montante desviado para financiar el proceso secesionista en Cataluña rebasaría los cuatro millones de euros, por lo que el líder de JuntsxCatalunya se enfrentaría a la condena máxima de 12 años entre rejas.
Este escenario desembocaría en una situación insólita en los tribunales, donde Puigdemont se sentaría en el banquillo de los acusados por un delito de malversación frente a sus aliados en el 'procés' y exmiembros de su gobierno, como Oriol Junqueras y el resto de los exconsellers, que afrontarían hasta 30 años de cárcel por sedición y rebelión.
Complicada reapertura de la causa
Tras la aceptación de la entrega, una reapertura de la causa para volver a acusar a Puigdemont de los delitos de rebelión y sedición sólo sería posible en el caso de que el 'expresident' saliera de España y volviera a entrar de modo voluntario, incluso una vez cumplida una supuesta pena dictada por los jueces españoles. Sin un reingreso voluntario de Puigdemont a territorio español, no sería posible juzgarle por otros delitos distintos a los decididos por la Justicia alemana, puntualizan las fuentes consultadas.
