ETA pide un perdón parcial a 15 días de su disolución definitiva


ETA hizo público ayer un comunicado en el que reconoce el 'daño causado en el transcurso de su trayectoria armada'. Sin embargo, la organización terrorista -activa desde 1958- hace distinciones entre las diferentes víctimas y contextualiza sus acciones en un 'conflicto'. Este anuncio llega a quince días de que se produzca su anunciada disolución definitiva.

El texto remitido por la organización al diario 'Gara' recalca que 'es consciente de que en este largo periodo de lucha armada hemos provocado mucho dolor'. Pero evita calificar su actuación como injusta, sitúa ese 'dolor' dentro de un 'conflicto -que remonta hasta la Guerra Civil y distingue entre los afectados por su violencia que no tenían 'responsabilidad alguna en el conflicto' y el resto. 'A consecuencia de errores o de decisiones erróneas, ETA ha provocado también víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto, tanto en Euskal Herria como fuera de ella'.

Para Urkullu, insuficiente

El Lehendakari del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, calificó de insuficiente esta declaración y pidió a ETA que en la declaración definitiva de su final 'tenga la misma consideración con todas las víctimas' y reconozca que su acción fue 'injusta'. 'Me reservo la opinión sopesada', dijo Urkullu, 'para cuando sea el final'. Esta distinción entre víctimas ha sido acogida con indignación generalizada por todos los partídos políticos, excepto EH Bildu, y por las asociaciones de los damnificados. Así, desde el PNV valoraron el reconocimiento del daño causado por parte de ETA, pero lamentaron que la banda establezca una 'categorización' de sus víctimas. Para el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, presidente del PP del País Vasco, 'es una profunda humillación a las víctimas'.

La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, consideráo que con su comunicado ETA 'asume un daño del que es la única responsable y que ha tardado demasiado en reconocer, aunque sea una noticia positiva'.

El delegado del Gobierno en País Vasco, Javier de Andrés, instó a los autores del comunicado a 'quitarse la capucha' y entregarse a la Justicia. 'Las personas que pertenecen a ETA y los presos encarcelados tendrán que responder por los crímenes cometidos',aseguró. El Gobierno central, por su parte, señaló que el anuncio 'no es más que otra consecuencia de la fortaleza del Estado de Derecho, que ha vencido a ETA con las armas de la democracia'.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, calificó el comunicado como 'histórico', y pidió que 'cada uno asuma sus responsabilidades, un ejercicio del que ninguno estamos exentos'. Además, demandó que el texto sea reconocido por la sociedad vasca, la española y la europea. Para la Comisión Europea (CE), 'no hay lugar para el terrorismo en la Unión Europea'.

Finalmente, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite consideró inaceptable que ETA divida 'entre culpables e inocentes' y la Asociación Víctimas del Terrorismo dijo que 'ETA justifica su actividad terrorista una vez más'.

Gran perjuicio económico

ETA ha causado, además de dolor y muerte con sus atentados, secuestros, extorsiones y demás expolios, un gran perjuicio económico al País Vasco y a España, que ha tenido que ser asumido por el conjunto de la sociedad. Solo en el periodo comprendido entre 1970 y 2003 ese coste ascendió al menos a 25.000 millones de euros, según publicó la Revista Digital País Vasco de elEconomista, el pasado 15 de febrero.

Esta cifra se recoge en el libro 'La Bolsa y la vida', elaborado por nueve especialistas, entre ellos, el fundador y director de la asociación pacifista Bakeaz, Josu Ugarte.

Pero los efectos económicos que ha tenido la violencia terrorista y su extorsión sobre el mundo empresarial, y por extensión sobre la economía vasca y navarra, es muy superior a esos 25.000 millones de euros (a precios actualizados a 2016), coste directo estimado. Hay otros costes ocultos, más otros indirectos, como proyectos o inversiones que no se materializaron, empresarios y empresas que se fueron de Euskadi, con la pérdida de generación de riqueza que supuso, etc.

Entre los daños multimillonarios que ocasionó ETA figuran: la paralización de la central nuclear de Lemoniz (Bizkaia), 6.000 millones de euros sufragados durante décadas con sobrecoste en el recibo de la luz; desvío de la Autovía de Leizarán, 98 millones de euros; Consorcio de Compensación de Seguros, por daños de atentados entre 1970 y 2003, por un importe de 329 millones; indemnizaciones a víctimas del terrorismo, 335 millones; y gastos policiales y penitenciarios, 6.000 millones de euros.

Para tener una idea de esos costes indirectos, dos catedráticos de la Universidad Pública Vasca (UPV) realizaron un estudio, donde estimaban que se produjo un crecimiento del Producto Interior Bruto inferior en un 10 por ciento al que hubiera correspondido.

Extorsión rentable

El daño económico fue enorme. A principios de los 70, la dirección de ETA comprobo la rentabilidad de extorsionar a empresarios y profesionales. Hubo periodos en los que llegó a ingresar cinco millones anuales. Hasta 1986, la vía de los atracos proporcionó unos ingresos de 19,5 millones, mientras que la extorsión facilitó 21,5 millones. Después pasaron a ser más rentables los secuestros, que entre 1972 y 1996 aportaron entre 103 y 106 millones. Las tres vías sumaron 147 millones.

Los empresarios y directivos extorsionados entre 1993 y 2010 rondaron las 10.000 personas y los secuestros ascendieron a 49. ETA llegó a manejar cerca de 25 millones de euros al año, cantidad que se redujo a ocho millones en 2011, según distintas estimaciones, como las de Mikel Buesa, catedrático de la UniversidadComplutense de Madrid, autor del libro ETA, S.A. y de informes periódicos sobre la actividad terrorista y sus finanzas.

En sus últimos años ETA ingresaba alrededor de tres millones, de negocios como el tráfico de armas o drogas y de las donaciones de simpatizantes. A esa cantidad se sumaba la extorsión al mundo empresarial a través del 'impuesto revolucionario'. El primer empresario asesinado fue Ángel Berazadi en 1976. Otro asesinato de gran impacto fue el del empresario y presidente de la patronal guipuzcoana Adegi, Joxe Mari Korta, en agosto de 2000.


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