La Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (Olaf) ha acusado a España de tener una legislación permisiva con el contrabando de tabaco y no hacer todo lo que debería para luchar contra el fraude. Tras varios meses de investigación, este organismo ha enviado un informe a los Gobiernos de España y Gibraltar para reclamar la apertura de una investigación -la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado ya aquí la apertura de diligencias-, en el que de forma implícita sugiere la necesidad de modificar la normativa.
La Olaf empieza explicando en su informe que "el auge en el contrabando coincide con la crisis económica en la UE a finales de 2009, que afectó fuertemente a España y en particular a la región meridional de Andalucía". En el informe se destaca que "es una zona caracterizada por privaciones económicas y un nivel alto de desempleo, hay muchas personas dispuestas a dedicarse al contrabando" y se advierte de que "se puede ganar grandes sumas ilegalmente gracias a los cigarrillos de bajo coste. Es posible contrabandear una gran cantidad de ellos con un riesgo bajo de ser detenido por delito" (ya que la suma mínima para cometer un delito según la ley española 12/95 es 15.000 euros).
Cambio de la legislación
La Ley de Represión del Contrabando de 1995 establecía que para que el tráfico ilícito de cigarrillos fuera considerado delito el fraude debía superar los 6.000 euros. En el caso de no llegar a ese importe se establecía el fraude tan sólo como una infracción administrativa y en lugar de juzgarse consecuentemente por la vía penal se iba por la civil. En 2011, durante la última legislatura de Zapatero, el Gobierno del PSOE modificó en cambio la normativa y subió ese límite hasta 15.000 euros. Fue una medida muy criticada por el sector, especialmente por los estanqueros, que consideraban que se estaba amparando así el contrabando. De hecho, la intención inicial del Ejecutivo era ampliar el límite a partir del cual se considerara contrabando incluso hasta los 30.000 euros, pero la oposición del resto de los grupos forzó a que en el Congreso la cifra se rebajara finalmente a la mitad.
El problema de fondo radica ahora así que como gran parte de los fraudes cometidos en la frontera de La Línea con Gibraltar no alcanzan el importe mínimo ni siquiera pueden ser juzgados por la vía penal como delito.
En su informe, la Olaf insiste en este sentido en la existencia en Andalucía, fundamentalmente en la provincia de Cádiz, de bandas de crimen organizado dedicadas al tráfico ilegal de cigarrillos. Es algo que denunció ya el pasado martes el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, en una entrevista con elEconomista. "A quién acusa la Olaf no es a Gibraltar, sino a España. En todo caso, dice que aquí podría estar pasando posiblemente lo mismo", aseguró Picardo.
Picardo: "Es en España donde hay contrabando"
