En nuestro último artículo, Fraude fiscal y educación (1), concluíamos que la educación es la clave para que la sociedad asuma convencida la necesidad de un compromiso social y la naturaleza ética de no pocas obligaciones, como la de pagar impuestos. La educación, así entendida, es pues esencial, decíamos, para luchar contra el fraude. Es, por tanto, la primera y más importante inversión a realizar.
Sin embargo, esa educación tejida en los valores esenciales de la convivencia cae en saco roto cuando la percepción que el ciudadano tiene no se corresponde con los valores que pretendemos transmitir. Es por ello importante que si tal percepción es cierta, se actúe con firmeza y se erradiquen las conductas que contaminan los valores sobre los que pretendemos construir la sociedad. Y en este contexto, conviene analizar objetivamente cuáles son las percepciones que el ciudadano tiene hoy con relación al fraude y, en definitiva, cuál es en realidad nuestro entorno social. Y la verdad es que la situación no es precisamente muy halagüeña.
La realidad es más bien desalentadora. Y lo es porque la pérdida de referentes sociales es un goteo permanente que daña la conciencia fiscal y nos aleja del necesario compromiso social. La lista es larga, pero conviene citar algunos casos muy concretos. Por ejemplo, el del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, que con su reprobable e injustificada conducta deja a los ciudadanos huérfanos de uno de sus referentes y abre una honda brecha en los valores que se le suponían, entre otros, la honestidad y la ejemplaridad.
Pero no sólo se trata de políticos, sino de artistas, deportistas, empresarios y funcionarios que son, o han sido, un referente social, profesional o económico. Recordemos, por ejemplo, a Montserrat Caballé, persona con un gran reconocimiento social, que ha pactado con la Fiscalía la pena que le correspondía por un presunto delito fiscal. Recordemos, también, a la mítica Lola Flores y, ya muy recientemente, a Isabel Pantoja. Empresarios de prestigio y referentes sociales, como Lluís Millet y Josep Montull, se encuentran también bajo la mancha del fraude por el Caso Palau, nombres a los que hay que añadir otros como José Luis Núñez, expresidente del Fútbol Club Barcelona y principal accionista de la conocida constructora Nuñez y Navarro. Deportistas de prestigio internacional, como Messi, se han visto también implicados en supuestos de presunto delito fiscal.
En este lamentable repaso, no se pueden ignorar los nombres de ex funcionarios de la Hacienda Pública, como Josep María Huguet, Ex Inspector Regional de Hacienda de Cataluña y Baleares, Álvaro Pernas, Ex Jefe de Inspección de Hacienda de Barcelona, y Ernesto Aguiar, Ex Delegado de Hacienda en Cataluña. Pero hay más. Famosos cantautores, deportistas, tertulianos y un largo etcétera, se han visto también obligados a regularizar su situación: Ana Torroja, Arancha Sánchez Vicario, Iker Casillas, Samuel Eto'o, Sergi Arola, Belén Esteban, etc. Mención especial requiere el caso de las tarjetas black de Bankia, ejemplo de la más absoluta falta de ética, y en el que se incluyen personas de todos los diferentes estamentos de la sociedad: Rodrigo Rato, exministro de Economía, exdirector del Fondo Monetario Internacional y expresidente de Bankia; Miguel Blesa, exsubdirector General de Estudios y Coordinación del Ministerio de Economía, y expresidente de Caja Madrid; Ildefonso José Sánchez Barcoj, exdirector General de Caja Madrid, etc.
Estos son tan solo unos ejemplos de lo que la sociedad percibe de quienes han sido sus referentes sociales, percepción que erosiona, como decíamos, la conciencia tributaria, y que daña, sin duda, esa sociedad que se pretende construir.
Se dirá, y es cierto, que estos casos son un ejemplo de que la Administración no permanece pasiva en la lucha contra el fraude. Y se dirá, también, que la actuación de la justicia es en estos casos ejemplar. Pero no es suficiente. Y no lo es porque el verdadero reto es evitar que eso ocurra. Y para ello es imprescindible fomentar políticas de prevención y no de represión. Lo relevante, en definitiva, es actuar sobre las causas que impulsan conductas reprobables. Y una vez más, la educación deviene elemento esencial.
Pero junto a ese panorama desolador, el ciudadano convive también con la percepción de una falta de ejemplaridad publica en el control del gasto público que se financia con nuestros impuestos; control, entiéndase bien, en términos de eficiencia y eficacia. Muchos son los ejemplos de inversiones sobredimensionadas o de difícil justificación. Entre otros muchos, la desaladora de Torrevieja (Alicante), la más grande de Europa, sin estrenar y con un coste de 300 millones de euros, el aeropuerto de Castellón, con un coste de 136,8 millones de euros, el de Burgos, con un coste de 50 millones de euros, o los 7 kilómetros del AVE de Lugo, completamente abandonados, con un coste de 92 millones de euros.
Pues bien; sí lo que se pretende es una sociedad comprometida y responsable, es necesario evitar las percepciones que lo impiden. Y en este sentido, la educación, insistimos, es la prioridad; educación cuya consecuencia es, entre otras, el rechazo y ostracismo social de conductas y personas que sean la verdadera excepción a la regla general. Esa percepción de exclusión social, típicamente anglosajona, es la consecuencia de una sociedad culta. La educación, así entendida, es pues la primera y más importante inversión a realizar.
Por Antonio Durán-Sindreu Buxadé. Profesor de la UPF y socio director de DS, Abogados y Consultores de Empresa
