Reestructurar la deuda, aumentar el gasto público, reducir la jornada laboral, mejorar los salarios y las pensiones, reformar el sistema fiscal... Estas son algunas de las contradictorias propuestas económicas que inspirarán el programa de Podemos, que mantiene la "Renta Básica" como medida estrella aunque no de forma universal. Sin embargo, ¿podría tener sentido esta última propuesta si se planteara de forma diferente?
Recordemos que el coste de la utópica "Renta Básica Universal" ascendería a 140.000 millones de euros según los cálculos realizados por diversos expertos. Podemos pretende financiar esta renta a través de la implantación de un impuesto especial para las rentas altas y por mediación de una mayor recaudación fiscal debido a la lucha contra el fraude. Pero según la Agencia Tributaria, ni siquiera se conseguirían recaudar 63.000 millones de euros en el supuesto de que estas dos medidas tuvieran éxito, algo totalmente improbable.
Por el contrario, y cambiando el enfoque de Podemos, se podría crear una "Renta Básica Temporal y de Adaptación Formativo-Profesional", centrada en dar cobertura al millón largo de empleados públicos, políticos y asesores (que carecen, evidentemente, de la condición de funcionarios y, por tanto, no han ganado legalmente una oposición), enchufados en la Administración.
Para ello, sería necesario despedirlos a todos de manera ordenada acompañando la maniobra del preceptivo plan económico de viabilidad. El objetivo sería trasvasar empleo improductivo, subvencionado y totalmente prescindible hacia la economía productiva.
Todos estos despedidos, improductivos ahora mismo a efectos económicos, tendrían que autoemplearse, emprender o buscar trabajo en la empresa privada. Y precisamente, al objeto de paliar los perjuicios tanto económicos como profesionales que este proceso de tránsito les crearía, puesto que dejarían de percibir un sueldo público, se crearía la "Renta Básica Temporal y de Adaptación Formativo-Profesional" para ellos.
La citada renta consistiría en un "Programa formativo y profesional de reinserción laboral" para adaptar profesionalmente al personal público saliente de la Administración. Del mismo modo, y únicamente a aquellos despedidos públicos que cumplieran unos requisitos socioeconómicos concretos, es decir, que pasaran por una situación de precariedad económica, se les concedería paralelamente una renta monetaria temporal.
Esta medida tendría un impacto negativo en los balances públicos a corto plazo produciendo un colapso económico que, no obstante, sería salvable. Sin embargo, a largo plazo reactivaría y dinamizaría nuestra economía, puesto que podrían rebajarse considerablemente los impuestos y se crearía empleo productivo en el sector privado. También se reduciría nuestro endeudamiento público y el coste de refinanciación de nuestra deuda.
¿Y cómo se financiaría todo lo anterior? Esta pregunta podría responderse con otras preguntas. ¿Cuánto nos cuesta a los españoles mantener la "Administración paralela"? ¿Y la multiplicidad administrativa causada por nuestras 17 autonomías? ¿Se podrían cambiar el destino de las subvenciones amigas, indiscriminadas y sin control en las autonomías, ayuntamientos, diputaciones...? La lista de preguntas sería interminable y terminaríamos citando a las vergonzosas subvenciones a partidos, sindicatos y patronal.
Con estas propuestas no se ganan elecciones. Pero nuestra Administración adelgazaría, ganaría eficiencia, se despolitizaría y los funcionarios tendrían el control que les corresponde. Además, la corrupción política se reduciría en un porcentaje elevadísimo. Y, entre otros muchos beneficios, la media salarial en la Administración (actualmente por encima de la media del sector privado) bajaría al nivel que le corresponde.
Todo ello, sin perjuicio de concederle una Renta Básica a aquellos colectivos que se encuentren en situación de pobreza y exclusión social.
El autónomo low cost
