Tras varios años de crisis, parece que algunos indicadores económicos apuntan a un cierto cambio de ciclo aunque todos los organismos que se dedican a la difícil tarea de la predicción económica señalan que la recuperación será, en el mejor de los casos, muy lenta y tal lentitud se verá especialmente en el nivel de desempleo, ahora en cotas históricas por encima del 25% de la población activa.
En este contexto urgen reformas en el sistema tributario para potenciar esa posible senda de crecimiento, pero también para corregir ineficiencias del actual sistema, mejorar la equidad de los tributos y aliviar la gran carga que soportan muchos pequeños y medianos contribuyentes. Ha de observarse que las encuestas sobre esta materia, elaboradas desde la administración -CIS e Instituto de Estudios Fiscales-, reflejan inquietantes opiniones de los españoles en relación a la poca justicia impositiva, el elevado nivel de fraude y las pocas "ganas" de la administración para resolver estos asuntos.
Pero a la espera de la anunciada gran reforma de los tributos, cocinada por una comisión de expertos cuyo informe debe estar listo en semanas, los gobiernos, nacional, autonómicos y locales, no han parado de subir impuestos, cuando no de crearlos.
Ahora está de actualidad la subida de cotizaciones sociales aprobada allá por el día de los inocentes, en plena época navideña, cuando media España está desubicada por las fiestas. Además de la importante subida de la base mínima de cotización para un grupo de autónomos, la medida que más trascendencia está teniendo en los medios es la inclusión de determinadas retribuciones en especie, exentas del IRPF, en la base de cotización, con el consiguiente incremento de la factura fiscal, tanto para empresarios como trabajadores. Por ejemplo los vales comida -exentos en la cuantía de 9 euros diarios en el IRPF bajo ciertas condiciones-, los seguros médicos y las aportaciones empresariales a planes de pensiones, promovidas casi siempre desde las instancias gubernamentales.
Debe tenerse en cuenta que estas medidas no tendrán efecto alguno en los cotizantes que ya se encontraban en la base máxima de cotización, por lo que el impacto será para las rentas inferiores -a largo plazo hipotéticamente se beneficiarían de mayores pensiones aunque el sistema estará en permanente revisión- y con posibles efectos negativos en los sectores comentados que han puesto el grito en el cielo contra estas medidas con la CEOE a la cabeza al suponer mayor carga para las rentas del trabajo, en contra de todas las recomendaciones.
Al margen de los problemas financieros de la Seguridad Social, que ha tenido que echar mano de nuevo de un buen puñado de millones de la hucha -Fondo de Reserva- para hacer frente al pago de las pensiones, parece claro que no es el momento de improvisar a golpe de decreto semanal nuevas medidas impositivas. Urge la reforma, pero la sensatez indica que es preferible hacerla de un golpe, con visión de conjunto y miras de medio y largo plazo, más allá de parches que permiten tapar algunos agujeros pero que descolocan al contribuyente, sea persona o empresa, ante un marco normativo exponencialmente inquieto.
La reforma fiscal debe ser capaz de conjugar diversos elementos. Dejando al margen la tributación autonómica y local, que merecerían una atención especial, podemos comentar lo siguiente:
- El conjunto debe ser capaz de lograr el objetivo de recaudación que se estime conveniente para desarrollar la función pública. Es claro que el diseño actual es muy ineficiente, con una gran sensibilidad al ciclo económico y con un importante impacto de la economía sumergida y el fraude fiscal que debe ser corregido. Es conocido que en nuestro país los tipos marginales del IRPF son actualmente muy elevados -para todas las rentas, no sólo las más altas-, las grandes corporaciones pagan poco porcentaje de sus verdaderos beneficios y en el IVA se nos exige desde Europa la reubicación de productos al tipo general.
- El sistema debe ser más equitativo, más justo. Por un lado, es evidente que en el IRPF deben elevarse los mínimos exentos, tanto personales como familiares, muy reducidos actualmente, y cambiar su ubicación ya que ahora mismo se ocultan como mínimo personal y familiar en la determinación de la cuota íntegra, por lo que no está directamente reflejado ni en la base ni como deducción en la cuota como parece lógico. Por otro lado, es también perentorio limpiar deducciones y bonificaciones en Sociedades para que las grandes empresas tributen realmente por los beneficios obtenidos, aún bajando el tipo nominal al 25% para ellas. No debemos olvidar la necesaria revisión de figuras como las SICAVs o las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros -ETVE-, ya que a pesar de la función que cumple en la economía como atracción de inversiones no podemos pasar por alto su reforma, comenzando por la propia definición y marco normativo y posteriormente su tratamiento fiscal para evitar que las grandes fortunas en el primer caso y las multinacionales en el segundo tributen de una forma demasiado privilegiada.
- Los impuestos deben ser lo más neutrales posible, para lo cual será necesario limar muchos de los beneficios fiscales existentes en la actualidad, que además merman y mucho la capacidad recaudatoria del sistema. Así, en el presupuesto del Estado para 2014 se contemplan beneficios fiscales por valor de 38.360 millones de euros, una cifra considerable, próxima al 4% del PIB, algunos de los cuales están muy justificados pero no todos. Las cifras agregadas por impuestos, en millones de euros, son alarmantes:
Quedamos pues a la espera del experto informe y el uso que del mismo haga el gobierno, aunque por las noticias que se van filtrando parece que la reforma será mucho menos ambiciosa de lo anunciado.
Francisco J. Delgado Rivero, profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo.
La reforma fiscal se complica
