La inmensa mayoría de las medidas de ajuste tomadas por el Gobierno actual, además de ser coyunturales, tienen una serie de características preocupantes: afectan mayoritariamente a los empleados públicos y, dentro de éstos, a dos profesiones -los médicos y los maestros- de capital importancia para la acumulación de capital humano y su consecuencia, el avance tecnológico, tal vez la variable determinante del crecimiento económico. No se toca ninguno de los gastos superfluos pero estructurales en los que incurren el propio Estado central, las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, lo que no tiene otra explicación que la de que afectan a los privilegios de la casta política. Se han reducido en un 20% las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal. ¿A qué espera el Gobierno para suprimir todas las subvenciones?
A propósito de las subvenciones, las más perversas y que son el escarnio para el mundo subdesarrollado y los países en vías de desarrollo son las que reciben los agricultores de los países ricos, con independencia del nivel de renta. Un editorial del Financial Times del 16 de agosto postulaba "una reforma fundamental de las leyes agrarias". Cuatro días más tarde, el día 20, el mismo periódico en su sección de Cartas reproducía una escrita por dos profesores americanos de Contabilidad y Finanzas, que ponía el dedo en la llaga acerca de los efectos perversos de la protección agrícola, refiriéndose a ellos como "simplemente una defensa corporativa de los privilegios de los agricultores" de los países ricos.
La carta de los profesores insiste en la obligación moral de todos los países ricos de reformar sus leyes agrarias, porque prácticamente todos ellos subsidian su sector agropecuario, mientras que las restricciones agresivas a las importaciones y las tarifas arancelarias sobre las importaciones agrícolas procedentes de los países pobres y en vías de desarrollo tienen un impacto trágico sobre la supervivencia de estos últimos países.
A este respecto existen varias preguntas que no tienen fácil respuesta. ¿Por qué no se suprimen todos los subsidios agrarios desde el momento que no son otra cosa que una forma de defensa corporativa de los privilegios de los agricultores? ¿Por qué razón las clases bajas y medias tienen que subsidiar a agricultores millonarios o a cualquier clase de agricultores? Los países de la OCDE mantienen todavía un nivel de protección arancelaria media a las importaciones de productos agrarios de en torno al 40%. Este porcentaje era el que existía para los productos industriales a mediados del siglo pasado, proporción que en la actualidad es de alrededor del 5%.
La mayor protección a los productos agrarios, tanto en aranceles como en subvenciones millonarias, la aplica Europa -pero sigue muy de cerca Estados Unidos-. Como resultado de este estado de cosas, el 96% de los agricultores del mundo que viven en países pobres son expulsados de los mercados internacionales. Pues bien, la protección y los subsidios a la agricultura de los países ricos tienen una trágica consecuencia inmediata para los países pobres, que es la de condenar a la miseria y a la muerte por inanición a millones de seres humanos.
La tragedia y el escarnio son mucho mayores cuando existe prueba empírica suficiente que demuestra que la libertad de comercio ha sido y sigue siendo todavía el camino más rápido, más importante y prácticamente el único de la mayoría de los países en vías de desarrollo para su crecimiento y para el abandono de una pobreza insufrible. No cabe duda de que los efectos más perversos de la protección y las subvenciones a la agricultura de los países ricos los sufre la población de los países pobres. Pero no es menos cierto que, en las circunstancias actuales que está padeciendo en nuestro país una parte considerable de la población más desfavorecida, la política agraria común (PAC) gasta millones de euros en subvenciones a agricultores y ganaderos, que no tienen ningún tipo de justificación que no sea la superstición que ha respaldado desde tiempos inmemorables la protección a los precios del trigo.
Pero de nuevo la tragedia y el escarnio son mayores cuando el grueso de las subvenciones se las llevan los grandes terratenientes y poderosos ganaderos. Pues, grosso modo, las subvenciones derivadas de la PAC dependen del número de hectáreas de las explotaciones agrarias y del número de cabezas de ganado con el famoso cupo, con independencia del nivel de renta de sus propietarios. Hace ya tiempo que se lanzan globos sonda para reformar la PAC, pero el lobby agrario defiende sus privilegios a la manera de la casta política, y en unos momentos de recortes sociales que afectan a los más necesitados no se ha tocado ni un solo céntimo de los pingües salarios que reciben hectáreas de tierra cultivable, vacas, ovejas, cabras y otras razas en peligro de extinción, como burros y algunas variedades autóctonas de vacas y caballos.
Victoriano Martín, catedrático de Historia del Pensamiento Económico, de la Universidad Rey Juan Carlos.
