Algunos sindicatos de compañías relacionadas con el transporte -Acciona/Transfesa; Iberia- han anunciado huelgas, o amenazan con hacerlo, en los próximos días.
La Ley de Huelga que funciona en España es bastante moderna y está en línea con las demás europeas, pero no se cumple. Por ejemplo, esa Ley fija con mucha precisión los denominados "servicios mínimos", que es el tiempo obligatorio que deben trabajar los huelguistas para que no se perturbe el derecho del ciudadano a usar servicios públicos tan necesarios como el transporte.
Pero el problema es que esos tiempos se incumplen de forma sistemática sin que pase nada y sin que nadie tome cartas en el asunto. Ejercer el derecho a la huelga en el sector de los transportes en plenas vacaciones se está convirtiendo en una costumbre con la que hay que acabar.
No sólo porque el derecho de un grupo de trabajadores pisotea otro igual de respetable de mucha más población, sino también por el daño que sufre la imagen exterior de España y de su potente sector turístico, gracias al habitual caos televisado en los transportes por tierra, mar y aire.
La Ley de Huelga debe gestionarse con más eficacia en estos casos importantes. Es posible que no sea justo fijar el 75 por ciento de servicios mínimos para una huelga del metal en el Bajo Llobregat, pero es vital que los transportes funcionen cerca del 100 por ciento -y que se pueda comprobar- en Barajas en momentos críticos como son las vacaciones.
Las huelgas se inventaron para defender los derechos de los trabajadores, pero no para ir contra el consumidor. Montar huelgas es un derecho del trabajador, como el de disfrutar de las vacaciones. Por eso, no es de recibo que el derecho a quejarse se imponga al de disfrutar del descanso laboral. Huelgas, sí; pero no en vacaciones.
