El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha encontrado la manera de poner piedras en el camino de Rajoy a La Moncloa: dificultar las cosas a las autonomías gobernadas por el PP de modo que tengan que adoptar cuanto antes recortes impopulares que puedan pasar factura en las generales.
El problema es que la estrategia es demasiado visible. Y hace patentes las negligencias de este Gobierno con las cuentas autonómicas durante casi dos legislaturas, pese a que Bruselas y los mercados estuvieran pidiendo más esfuerzo en este sentido.
Tras el estrepitoso fracaso socialista en las elecciones del 22-M, que devolvieron -como una bofetada a la gestión socialista- un mapa autonómico con predominio popular, ahora el Gobierno se afana en cercar a las comunidades autónomas para que devuelvan al Estado los más de 23.000 millones que le adeudan como consecuencia del exceso de anticipos recibidos en 2008 y 2009 a cuenta de la recaudación esperada del IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales.
¿Por qué ahora tanta premura y no antes del 22-M? ¿Por qué urge ahora una disciplina autonómica que antes de los comicios autonómicos postergaba sistemáticamente? El Ejecutivo de Zapatero ha tenido más de siete años para embridar las cuentas de las CCAA, pero es ahora, ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando le entra la prisa repentina, al ver que tendrá enfrente a 13 consejeros autonómicos populares, contando Ceuta y Melilla.
El arma autonómica de Rubalcaba es un recurso a la desesperada, y lo peor es que ni siquiera la empuña con una motivación economica sino electoralista. Mal empieza.