
Como era previsible, el plan de rescate instrumentado por el FMI y la UE para evitar la bancarrota de Grecia ha fracasado. Los 130.000 millones arbitrados para asistir al país heleno han mostrado ser insuficientes para estabilizar la situación económico-financiera de ese país y, ahora, se plantea la conveniencia o no de suministrar un paquete de ayuda adicional para que el Estado griego no haga default.
A pesar del tamaño de la economía griega, el impacto de su crisis de deuda amenaza con desestabilizar el conjunto de la eurozona, entre otras cosas porque las causas que determinan la insolvencia de Grecia, esto es, su incapacidad de hacer frente al pago de sus obligaciones, tienen muchas posibilidades de extenderse a otro Estado rescatado, Irlanda, y a otro por cerrar su paquete de rescate, Portugal.
La trayectoria de la deuda pública griega es insostenible. Las medidas de austeridad presupuestaria y las reformas estructurales son condiciones necesarias, pero no suficientes, para afrontar los problemas del Estado heleno.
Aunque Grecia implantase plenamente el programa pactado con el FMI y la UE, un ajuste fiscal del 10 por ciento del PIB y una agresiva política de oferta para estimular el crecimiento, el grueso de los analistas proyecta una escalada de la deuda soberana hasta el 160 por ciento del PIB antes de estabilizarse? Eso sin contar con la posibilidad de que los recortes presupuestarios agudicen la recesión, lo que está sucediendo ahora, y en consecuencia crezca todavía más el endeudamiento del sector público.
Por otra parte, como Estado integrante del euro, Grecia no puede devaluar. Por tanto, la restauración de su competitividad externa sólo puede producirse a través de un proceso recesivo-deflacionario que, en el corto plazo, exacerbaría el peso real de la deuda, esto es sus problemas de solvencia. En este contexto, la economía helena presenta un encefalograma plano.
En el mejor de los casos, tiene por delante un largo período de estancamiento que hace imposible generar los recursos necesarios para servir la deuda. En este escenario, las dificultades del país no son de liquidez, sino de solvencia, y eso no se resuelve inyectando más dinero a la economía. Ante este panorama, Grecia verá como los mercados le cerrarán la financiación, aunque esté dispuesta a pagar una prima de riesgo cada vez más alta. ¿Qué hacer?
Salir del euro es quebrar
La tesis según la cual la mejor opción para Grecia sería salirse del euro, reintroducir el dracma, devaluarle y, al mismo tiempo, mantener la disciplina presupuestaria e impulsar las reformas estructurales es un ejercicio de política-ficción. El Estado heleno ha estado la mayor parte de su existencia en default.
Así pues, carece de credibilidad histórica para emprender ese camino. Aunque la tuviese, el Gobierno se enfrenta ya a una feroz resistencia de la opinión pública a la adopción de las medidas pactadas con el FMI y la UE. Desde esta óptica, es ilusorio pensar que sin el corsé de la UEM, Grecia podría embarcarse en un programa de estabilización y, al mismo tiempo, lograr la financiación internacional necesaria para hacerle viable.
Por añadidura, los problemas técnicos de crear una nueva moneda nacional y el tiempo necesario para hacerlo juegan contra Grecia. Aunque hiciese lo que el manual sugiere, abandonar el euro conduciría de inmediato a su quiebra.
Inútil extensión del plazo
En este marco, la única opción es una reestructuración de la deuda pública helena y, al mismo tiempo, mantener el programa acordado con el FMI y la UE. Aquí existen varias alternativas, y todas problemáticas. Así, la extensión del plazo de maduración de la deuda ya ha sido ofrecido por la UE y no ha servido para reducir la prima de riesgo de los bonos del Estado griego.
Del mismo modo, tampoco ha sido eficaz la reducción del tipo de interés cobrado a las autoridades helenas por el paquete de ayuda suministrado por el FMI y la UE. En este contexto, sólo hay una senda transitable que consiste en aplicar una quita a los acreedores que sea de la magnitud necesaria para asegurar la sostenibilidad de la deuda. Si se tienen en cuenta las últimas proyecciones macroeconómicas formuladas por el FMI, la quita debería ser del 20 por ciento y, de acuerdo con las realizadas por otros analistas, oscilaría entre el 20 y el 50 por ciento. En ambos supuestos, el objetivo sería situar la ratio deuda/PIB en el 60 por ciento en 2030.
Quienes se oponen a una solución de esa naturaleza esgrimen que una quita de la deuda griega tendría un efecto sistémico negativo por los daños que causaría a los acreedores domésticos e internacionales. Al mismo tiempo, argumentan que esa iniciativa se contagiaría a Irlanda y, en su caso, a Portugal.
Esta probabilidad no es descartable, pero el margen de maniobra para evitar una reestructuración como la apuntada es casi inexistente. Por añadidura, Irlanda evoluciona en términos de sostenibilidad de deuda hacia una situación similar a la griega y con Portugal sucederá lo mismo.
La decisión de inyectar liquidez a Grecia es sólo aplazar y hacer mayor el problema. Es una tentación a corto de eludir la realidad, pero no sirve para nada. A lo largo de la historia, ningún rescate del estilo al realizado con Grecia e Irlanda ha tenido éxito sin acometer en paralelo un proceso de reestructuración de deuda, y el caso europeo no es ni será una excepción.
Lorenzo Bernaldo de Quirós. Miembro del Consejo Editorial de elEconomista.