La muy esperada cumbre europea de la semana pasada ha dejado tras ella aún grandes incógnitas y cuestiones pendientes de resolver.
Por ejemplo, de los cinco puntos que el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha recalcado a modo de resumen (Pacto Euro Plus y presentación de compromisos concretos por parte de cuatro países, entre ellos España; acuerdo sobre el mecanismo permanente y el temporal de estabilidad; acuerdo sobre las modificaciones del Tratado necesarias para dar seguridad jurídica al Mecanismo de Estabilidad Financiera; acuerdo sobre propuestas legislativas para la gestión presupuestaria y la vigilancia macroeconómica; y por último, realización de tests de estrés creíbles a los bancos), el concerniente a la aparición de crisis futuras, o mejor dicho a evitarlas, debe pasar por una mejora del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
La aplicación de todas las normas -no se entiende el motivo por el que la solución debe ser siempre aumentar la producción legislativa- no garantiza que no se originen nuevas crisis, puesto que si uno o más Estados miembros vuelven a sufrir una nueva crisis de deuda soberana, no existe ningún mecanismo o cuando menos un marco que permita gestionar en tiempo real la misma. En definitiva, lo que está pasando en la actualidad: medidas con marchamo de apagafuegos, siempre a corto plazo para solucionar el penúltimo problema, pero que no atajan la causa en sus inicios.
El mecanismo aprobado, plenamente operativo sólo a partir de mediados de 2013, debería ser efectivo para solucionar problemas de solvencia y liquidez por parte de los países. Sin embargo, no se desarrolla ninguna medida que impida el conocido como riesgo moral.
En otras palabras, el papel que desempeña el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en tanto que configurado como prestamista de países que se enfrentan a crisis financieras, ¿fomenta entre prestatarios y prestamistas comportamientos tales que incrementen la probabilidad de que ocurra una crisis del mismo tinte de la que se quiere evitar?
Según esta proposición, los gobiernos tenderían a endeudarse en exceso por la certeza de contar con este mecanismo, esto es, no hay riesgo de sobreendeudamiento pues existe una vía que, en último término, corrije la situación.
La solución en este caso sería una vigilancia preventiva sobre las cuentas de los Estados miembros para evitar este escenario. La corrección de este círculo perverso parece que se está concretando con la reforma de la gobernanza económica en la zona euro. Por la parte de los prestamistas, estos están dispuestos a seguir prestando a países endeudados, elevando sus problemas sin tener en cuenta lo suficiente los riesgos porque confían en que, en último instancia, este mecanismo rescataría al país en cuestión, y sus derechos de cobro no se verían afectados.
La solución en este caso consistiría en la participación de los inversores en los costes resultantes de medidas erróneas tomadas por los dirigentes. Esto es lo que se conoce como quita, y si algo está consiguiendo este debate es quitar el sueño a muchos analistas de mercados financieros, además de a los propios inversores, lógicamente.
Desde el punto de vista de los mercados financieros, sería una solución racional: las inversiones de este tipo, por definición, tienen un determinado nivel de riesgo y, proporcionalmente al mismo, otorgan una rentabilidad a priori. Por supuesto, aumentado el nivel de riesgo, también se incrementan las expectativas de rendimiento que, al ser incierto, puede que no se consiga finalmente.
Si aumenta el riesgo de impago en este caso, o aumenta la rentabilidad en la misma medida -lo que haría que los Estados, sus dirigentes, se lo pensaran dos veces antes de incrementar su factura financiera, en principio- o, en caso contrario, el inversor no acudiría a prestar/invertir en esas emisiones.
Lo que no parece justo es que sea el contribuyente el que soporte todos los gastos -en forma de mayores impuestos, recortes sociales o pérdida de poder adquisitivo, entre otros- de decisiones de las que no son responsables, o lo son sólo, que no es poco, por el hecho de haber elegido a los gobernantes por un periodo de tiempo más o menos largo. Por ello, otra cuestión sería cómo valorar el coste que debe asumir el dirigente que tomó la decisión que llevó a esa situación de crisis al país, antes de que se cumpla su periodo legislativo y las urnas le pasen, o no, factura.
Ignacio López Domínguez. Director del Centro de Investigación Financiera (Universidad de Nebrija).
