Que nadie se engañe. Las medidas aprobadas por el Gobierno el pasado viernes no solucionan el problema de solvencia a largo plazo de nuestro sistema público de pensiones.
Permiten dar oxígeno al sistema actual durante unos años más, retrasando el momento en que el sistema de pensiones entrará irreversiblemente en una situación de déficit que obligará a recortar nuevamente las pensiones públicas, salvo que se acometa una auténtica reforma en las estructuras del sistema vigente.
Conviene recordar que el sistema público español de pensiones está ya hoy en números rojos. En 2010, los pagos por pensiones han sido superiores a los ingresos por cotizaciones, es decir, se ha generado un déficit.
Sólo los intereses del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la "hucha de las pensiones" aprobada por Aznar, han permitido no tener que recurrir a desembolsar parte del Fondo para pagar las pensiones de 2010.
Pero el motivo de la urgencia de la reforma de las pensiones no es ése, ni tampoco el esgrimido por el gobierno -el envejecimiento de la población española-. El motivo real es la visita a Madrid a principios de febrero de la canciller Merkel, tutora de facto de nuestra política económica que en el último Consejo exigió una reforma inmediata del sistema español de pensiones, además de la persistente amenaza de colapso financiero de la economía española.
La crítica más importante que cabe hacer a las medidas aprobadas por el Gobierno es que constituyen un acuerdo para recortar las pensiones a cambio de no reformar el mercado de trabajo.
Ése es el acuerdo de fondo con los sindicatos, al que se ha visto arrastrado la patronal. Y eso significa renunciar a que se reduzca la insoportable tasa de paro de la economía española y, al mismo tiempo, renunciar a volver a crear empleo a gran escala, que es la única vía por la que se puede apuntalar el sistema público de pensiones sin tener que seguir recortando las pensiones del futuro. Las medidas aprobadas por el Ejecutivo socialista renuncian a equilibrar el sistema por la vía de generación de más ingresos, es decir, de nuevos cotizantes, mediante una nueva reforma laboral, y se limita a recortar las pensiones que percibirán los actuales cotizantes. El Gobierno confunde "reformar" con "recortar".
El sistema público de pensiones español requiere una reforma profunda, completa e integral, no una mera reforma paramétrica del sistema actual. Las medidas aprobadas por el Gobierno se limitan a modificar algunos de esos parámetros (entre otros, se incrementan los años de cotización necesarios para acceder a una pensión sin merma, se aumenta de 15 a 25 años el período de cómputo de las cotizaciones para el cálculo de la pensión), pero no se reforman las estructuras del sistema, que es lo que esta estructura realmente requiere.
Reflejo en Europa
España necesita una reforma como las acordadas por muchos países europeos (Suecia, Alemania, Austria) unos cuantos años atrás, una reforma que:
- Equilibre estructural y permanentemente el sistema de pensiones, de forma que no quede expuesto a los vaivenes del ciclo económico.
- Incorpore elementos de libertad para el trabajador, de forma que éste tenga capacidad de elegir cuándo desea jubilarse.
- Preserve la igualdad entre los ciudadanos, de manera que no se castigue a la generación que viene por detrás para preservar el status quo de la generación actual.
- Introduzca en el sistema público de pensiones elementos propios de un sistema de capitalización, como las cuentas individuales de cotización para cada trabajador.
- Incentive la responsabilidad de cada trabajador en la acumulación de ahorro para su futuro mediante sistemas privados de previsión.
- Forme parte de una reforma integral del Estado del Bienestar, que se transforme en una Sociedad del Bienestar que incentive la formación y la aceptación de empleos, y desincentive a quienes pretenden vivir permanentemente de las transferencias públicas.
Nada de eso forma parte de las medidas aprobadas por el Gobierno. Por eso, es razonable afirmar que el Ejecutivo no ha aprobado una auténtica reforma, sino un conjunto de recortes.
¿Qué necesita España?
La reforma que España necesita en su sistema público de pensiones requiere ir mucho más allá. Requiere reformar a fondo el sistema de relaciones laborales. Que en España trabajen 22 millones de personas, y no 18, es la mejor forma de ayudar al sistema público de pensiones. Y eso, con el actual mercado de trabajo, que va a seguir igual porque eso forma parte esencial del acuerdo con los sindicatos, no es concebible.
España necesita una reforma que dé equilibrio permanente al sistema público de pensiones, es decir, que no exponga las pensiones públicas al riesgo de gobiernos irresponsables o populistas, como el de Zapatero (recordemos sus anuncios de subidas de pensiones de los últimos años en Rodiezmo, en la reunión de los sindicatos mineros) ni a renegociaciones políticas periódicas que generan incertidumbres en millones de españoles. Es necesario un sistema que cuente con ajustes automáticos año a año en función de la evolución de la economía sin juego político ni uso electoral.
Necesitamos un sistema que, en su componente de sistema de reparto, ajuste las pensiones de forma automática, además de estimular la responsabilidad de cada trabajador español a través de nuevos incentivos en los sistemas privados de previsión.
España necesita una reforma que refuerce la equidad del sistema, es decir, que evite que los españoles menores de 47 años (castigados por el paro masivo de principios de los noventa) tengan que asumir no solamente la enorme carga de deuda pública generada por el actual Gobierno, sino todo el coste de los recortes en las prestaciones resultantes de las medidas aprobadas el pasado viernes.
España necesita más flexibilidad en su sistema de pensiones y ampliar así los espacios de libertad para cada ciudadano, de forma que cada español se pueda jubilar a la edad que quiera, cobrando la pensión a la que su esfuerzo laboral le haya dado derecho. Esto debería ir acompañado de nuevos incentivos -rebajas tributarias- para seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación, haciendo compatible la pensión y el trabajo.
Otra reforma imprescindible es la de la contributividad. Es esencial que, en el sistema de pensiones, todo lo que cotice cuente, sea cuando sea y que, por tanto, el total de la vida laboral se tenga en cuenta a la hora de calcular la pensión.
El sistema requiere reformarse para incrementar su transparencia. Todos los trabajadores deberían poder saber en cualquier momento, lo que ocurre con sus extractos bancarios, cuánto han aportado y a qué cuantía de pensión tendrán derecho de acuerdo con su cotización acumulada.
Nada de eso hay en las medidas del pasado viernes. La verdadera reforma de las pensiones sigue esperando.
Jaime García-Legaz. Economista del Estado y Secretario General de Faes.
