Después de tres años, Salgado anunció por sorpresa sus planes para las cajas. Con demasiado retraso, por fin estimó que el máximo que precisa el sistema financiero son 20.000 millones, y que no todo el dinero lo pondrá el Estado, puesto que se buscará capital privado.
Por si acaso, forzará a todas las entidades a tener un capital de primera clase del 8 por ciento para septiembre, lo que las obligará a convertirse en bancos para atraer inversores. Si entonces no cumplen, el Gobierno comprará acciones.
¿Qué significa esto? Pues que lo hecho hasta ahora no ha servido, como demuestra la falta de crédito en la economía y de inversores dispuestos a entrar en las cajas. Y esos 20.000 millones presentan dudas.
Rebajan respecto a la mayoría de analistas la cifra y, curiosamente, coinciden con los avales de 20.000 millones en emisiones previstos por el Frob en los Presupuestos.
Por no hablar de que Fitch ha dicho que cualquier cantidad superior a los 30.0000 implicaría una fulminante rebaja del rating. Por ahora, no se ha demostrado la capacidad para valorar el agujero y hemos de tener en cuenta que las necesidades pueden aumentar conforme la morosidad erosiona las cuentas y los activos inmobiliarios se degradan.
Por eso, el plazo de otoño se antoja lejano, y nadie se cree que se pueda encontrar ahora fácilmente inversores si no es con las pérdidas garantizadas. Saludamos que se tomen medidas, pero el Gobierno debe tener cuidado. No puede equivocarse más.
El problema no son los recursos propios, sino la desconfianza que hay respecto a la gestión. Y si al final tienen que nacionalizar, nadie dará crédito a quien no ha sabido gestionar la crisis.