Ya se ve para que se han quedado los políticos trabajando en verano. Había algunas esperanzas de que durante el proceso legislativo se mejorase la reforma laboral que ha presentado un Gobierno que carece de apoyos parlamentarios. Sin embargo, ahora que ya ha pasado por el Senado y todavía ha de debatirse en el Congreso el próximo 9 de septiembre, puede decirse que no hay visos de un cambio sustancial en el texto.
Tanto bombo para que el Ejecutivo no haya incluido la propuesta de que un parado sea más penalizado por rechazar la primera oferta de trabajo. Aunque al menos sí que ha logrado pactar con el resto de grupos sancionar a los parados que rechacen un curso cuando ya llevan un mes inscritos en el antiguo INEM. El PP ha acordado con los socialistas que sólo se suprimirá la prestación de desempleo si los cursos corresponden a su actividad laboral. Esto es un paso positivo para evitar el fraude, aunque debería asegurarse la calidad de la formación para que ésta también aporte el reciclaje.
Por otra parte, CiU quería clarificar más las causas de despido e incluir entre ellas la caída de beneficio y la liquidez, de modo que un juez tenga más claro los criterios con los que determinar un despido objetivo y así abaratarlo.
Sin embargo, no ha recibido apoyo alguno. Al final, esta reforma sigue sin tocar la dualidad del mercado de trabajo que permite a los indefinidos mostrarse inflexibles ante una negociación de las condiciones porque saben que se despedirá a los temporales.
Hemos suspendido el examen y vamos a septiembre. Y hay pocas esperanzas de que se apruebe entonces.