
Las manifestaciones de José Blanco sobre los impuestos el pasado domingo han lanzado el debate sobre la situación fiscal de nuestro país, todavía en plena crisis económica y con la perspectiva de una recuperación muy lenta.
Es evidente que, desde hace tiempo, el vicesecretario general del PSOE es un puntal del Gobierno y sus manifestaciones no son reflexiones personales sino ecos de lo que se cuece en La Moncloa.
En principio, la afirmación del titular de Fomento, el más afectado por el ajuste impuesto por Bruselas, es irreprochable: si queremos tener unos servicios y unas infraestructuras de calidad, tendremos que aceptar unos impuestos homologables a los promedios de la Unión Europea.
En 2008, la presión fiscal en España fue del 33,1% (aunque el año anterior había alcanzado el 37,1%), mientras que en la Unión Europea fue del 39,7% (el 40,4% en 2007), por lo que la 'homologación' representaría una subida de los impuestos de casi siete puntos porcentuales del PIB. Si se tiene en cuenta que los ingresos públicos cayeron estrepitosamente en 2009 y no están aumentando en 2010, el desfase español será todavía mayor.
Pero no sólo la equiparación con Europa debería ser cuantitativa: también cualitativa. Es decir, España habría de subir el IVA y el IRPF, así como bajar el impuesto de sociedades y, sobre todo, las cuotas empresariales a la Seguridad Social.
Obviamente, es impensable aplicar ahora todos estos cambios a una economía deprimida, que ya se ha visto frenada en su incipiente crecimiento por la leve subida del IVA que tuvo lugar en julio.
¿Qué tipo de país queremos?
La reflexión sobre el país que queremos, con un gran estado de bienestar como Dinamarca o Suecia, o con un Estado de menor tamaño, habrá de hacerse en momentos de estabilidad y bonanza, cuando las decisiones no vengan impuestas por la coyuntura.
Hoy, los grandes objetivos son incrementar la productividad, facilitar el despegue empresarial y reducir el desempleo a términos soportables. En estas circunstancias, lo único posible es estimular la expansión por todos los medios a nuestro alcance, incrementar la recaudación mediante la lucha contra el fraude, involucrar al sector privado en la explotación de infraestructuras? e ir planeando un nuevo pacto fiscal, que es necesario pero que deberá aguardar a un momento de mayor estabilidad.
La Vanguardia escribía ayer que, para plantear este nuevo pacto fiscal, será preciso abordar la revisión y reordenación del gasto del Estado mediante la aplicación de las técnicas del presupuesto base cero a todos los Centros de la Administración. así como el control de las duplicidades que genera el Estado de las Autonomías y la redistrobución del gasto público en función del principio coste-eficiencia económica y/o social.
Asimismo, será necesario reconsiderar las necesidades reales en infraestructuras porque no será posible el dispendio que se ha mantenido hasta ahora en instalaciones no estrictamente necesarias, tanto a escala estatal como autonómica. Porque lo que no es posible es que un país de rentas medias en el ámbito comunitario tenga las mejores infraestructuras de Europa al tiempo que está en el furgón de cola en resultados educativos. Por poner un ejemplo llamativo.
Desde hace muchos años, en este país se ha hecho mucha pequeña política, ruin y corta de miras (lo que provoca la desafección ciudadana) y muy poca política de Estado. Y sería hora de que los grandes partidos fueran capaces de hacer un dibujo de futuro de esta atribulada España, que hoy ha de pagar los excesos de nuevo rico que se han venido realizando durante demasiado tiempo.