El cómico norteamericano Larry David suele describirse a sí mismo como "un enigma charlatán que no para de andar". Se trata de una descripción que también puede aplicarse a la reforma del sistema financiero norteamericano planeada por el Gobierno de Barack Obama.
Es un "enigma" porque lo único que hace es mencionar grandes temas sin llenarlos de contenido, dejando esta tarea en manos de diez agencias regulatorias federales. Es "charlatana" porque entre sus dos mil trescientas páginas apenas hay medidas concretas y sí muchos temas a desarrollar y precisar. Y, finalmente, "no para de andar" porque el jueves pasado fue aprobada en el Senado y su firma y desarrollo legislativo se completarán en los próximos meses.
Al margen de estas consideraciones generales, el texto recoge propuestas en torno a cinco temas fundamentales.
El primero de ellos, la protección a los consumidores. La creación de la Oficina para la Protección de los Clientes de Entidades Financieras denunciará e intentará evitar "abusos" en temas tan delicados como las tarjetas de crédito o la concesión de financiación a empresas y particulares.
En segundo lugar, se realizan cambios en lo que a la regulación de los derivados se refiere. Ahora, los derivados over-the-counter no se podrán negociar directa y bilateralmente, como hasta hoy. La intervención de una institución supervisora -aún sin concretar en la ley- que se ocupe de controlar los riesgos asociados a las distintas operaciones tendrá la última palabra sobre las mismas.
La creación de una entidad pública que gestione la división, disolución o venta de las entidades con problemas es la tercera de las novedades contempladas por la ley. El Gobierno americano se propone acabar con el problema de los bancos "demasiado grandes para caer". Para ello, entre otras cosas, se establecerán tasas impositivas sectoriales que servirán para pagar a los acreedores de las entidades insolventes.
El cuarto punto a destacar es la creación del Consejo para la Supervisión de la Estabilidad Financiera. Este órgano estará presidido por el secretario del Tesoro e identificará aquellas entidades que representen un riesgo para el conjunto. Las que sean consideradas como sistémicamente relevantes tendrán que afrontar regulaciones más estrictas en términos de capital, liquidez y apalancamiento. Además tendrán que elaborar un plan de contingencia que prevea, en caso de insolvencia, los pasos que la entidad deberá dar para separarse o disolverse.
Finalmente, la quinta y última novedad la encontramos en la inclusión de la llamada Regla de Volcker en el texto de la ley.
Este cambio obligará a que las entidades financieras que capten depósitos no puedan realizar operaciones de proprietary trading ni tener participaciones importantes en hedge funds o empresas de private equity. De este modo, citando al ex Secretario del Tesoro Paul Volcker, se intentará evitar que "los bancos jueguen, como en un casino, con los depósitos de los ciudadanos".
Es difícil predecir los efectos que las nuevas regulaciones tendrán en el sistema financiero. Mientras los preceptos que la ley contiene no se desarrollen por completo, no será posible determinar si lograrán sus objetivos o si, por el contrario, generarán nuevas dificultades al sector bancario.
Y es que la gran preocupación es, como advierte el diario The Wall Street Journal, que el desarrollo final de esta ley queda en manos de los mismos reguladores y supervisores que han fallado durante toda la crisis.
Rodolfo Campos, profesor del IESE, y Gonzalo Gómez Bengoechea, investigador del IESE.
