La reforma de las cajas era tan necesaria como la del mercado laboral y las pensiones. La estructura de estas instituciones financieras requería un cambio.
Su debilidad no es falta de profesionalidad operativa, ni falta de atractivo comercial para clientes de activo y pasivo. No tienen mala imagen; al contrario, por sus obras sociales gozan de prestigio en la comunidad.
Sus debilidades son: la forma de gobierno y la necesidad de mantener un equilibrio entre sus fondos propios y su pasivo a largo plazo, a medio y corto. Su gobierno hace que sus estrategias empresariales sean condicionadas por intereses políticos y de otra índole. La falta de compromiso financiero de los componentes de los órganos dificulta la credibilidad de sus decisiones. En el fondo, según la Teoría de la Agencia, es difícil que representen los intereses de la institución frente a los de las organizaciones que los nombran y los propios intereses personales.
La dificultad de financiarse a largo plazo se debía, en parte, a que los inversores externos de fondos propios carecían de control político. Por esta razón, las llamadas cuotas participativas, además de tener limitaciones en su porcentaje, estaban al albur de decisiones en las que no tenían ni arte ni parte. ¿Cómo invertir así?
A estas debilidades intenta responder el Decreto-Ley. Primero, incompatibilizando a los políticos electos y otros cargos con su presencia en los órganos de gobierno ¿Es suficiente? Lo importante es la independencia de los nombrados que, salvo casos excepcionales, obedecerán a quienes los nombraron. Por eso, más que esta incompatibilidad lo necesario es que la extracción de los miembros de esos órganos sea por vías diferentes a las actuales. Si eso ocurre, la reforma habrá merecido la pena. En caso contrario será un nuevo brindis al sol.
También el Decreto-ley intenta reducir la debilidad de la falta de poder político de los inversores de fondos propios. Lo hace dando oportunidad para que se puedan emitir cuotas participativas, de hasta un 50% del capital, con poderes políticos. La decisión se traslada a los órganos de las cajas, que según su responsabilidad emitirán, o no, cuotas participativas apetecibles, o no, para el mercado.
En consecuencia, la eficacia de la reforma dependerá de que se profundice en la filosofía que la inspira. Si se hace, habrá sido un instrumento útil. En caso contrario, tendremos que esperar una futura reforma, que puede ser tan radical que ponga en peligro la existencia de estas instituciones. Es necesario que sus rectores sean conscientes de ello y se autorreformen. El Decreto-ley ha puesto de nuevo la pelota en el tejado de los que mandan en las cajas; de ellos depende su futuro.
J. R. Pin Arboledas, profesor del IESE.
