La energía es hoy el bien básico que más puede condicionar el desarrollo económico y el bienestar futuro de los ciudadanos. Definir nuestro modelo energético y hacerlo con realismo es una necesidad urgente.
El diseño de ese modelo energético que necesita nuestro país debería estar por encima de apriorismos ideológicos, para depender exclusivamente de criterios de seguridad, eficiencia, disponibilidad, sostenibilidad medioambiental y precio, sin condicionar con ello al crecimiento económico.
El pasado mes de marzo, el Gobierno presentó una propuesta de mix parcialmente modificada por el IDAE en el marco del Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España. No obstante, ésta deberá ser revisada a la luz de las conclusiones de la Subcomisión sobre Energía del Congreso de los Diputados, uno de cuyos principales objetivos precisamente era consensuar la propuesta global de mix energético español, por sus innegables implicaciones sobre la competitividad empresarial.
Desde CEOE deseamos advertir de que toda propuesta que se formule ha de venir acompañada de una estimación de su impacto económico que contemple, al menos, la evolución que los costes regulados del mercado eléctrico experimentarán bajo diversos escenarios.
Factores previsibles, como el muy importante incremento de las renovables, el desarrollo de infraestructuras eléctricas adicionales para la evacuación de la generación renovable, o la necesidad de satisfacer el déficit acumulado en el sector eléctrico, introducirán incrementos sustanciales en los costes regulados del sistema eléctrico. A ello hay que añadir la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles.
El análisis del escenario de demanda eléctrica planteado por la Administración ofrece serias dudas acerca de la fiabilidad del valor de demanda final, estimado para 2020 en unos 318 TWh, lo que representa un incremento acumulado del 29 por ciento con respecto a 2009, que con la actual evolución económica no parece que vayamos a alcanzar.
Ello, unido al aumento de la potencia desde los actuales 94 GW hasta los 130,4 GW (suponiendo que las previsiones para el régimen ordinario se mantengan) y teniendo en cuenta que el 72 por ciento de la nueva potencia sería renovable, puede derivar en una seria infrautilización del parque generador térmico que acabaría por hacerlo inviable para los inversores.
En el escenario previsto, las energías renovables alcanzarían el 38,17 por ciento de la producción eléctrica bruta, gran parte procedente de tecnologías inmaduras cuya subvención resultaría ineficiente, al quedarse obsoletas en el horizonte 2020. Ese objetivo de renovables no se vincula al desarrollo de una industria nacional que podría situarnos como líderes tecnológicos a nivel mundial, y se corre el riesgo de caer en una simple transferencia de rentas de consumidores a productores, que podría suponer, con las condiciones regulatorias actuales, pasar desde los 6.200 millones de euros de primas en 2009 hasta el entorno de los 12.000 en 2020 (en términos constantes).
El aumento de la participación de las renovables conduciría a una caída de las horas de operación de los ciclos combinados que impedirá la amortización de los equipos, salvo que se introduzca un sistema de apoyo financiero a la disponibilidad de potencia térmica de respaldo, lo que redundaría en mayores costes regulados, por no mencionar la problemática del carbón nacional.
En el ámbito de la energía nuclear, el Gobierno plantea un ligero incremento en la producción, contemplando, además, como definitivo el cierre de Garoña. Al margen del error que supone su cierre, es necesario señalar que el parque nuclear español alcanzará los 40 años de vida operativa en la década de 2020 a 2030. Así, hacia 2030 el parque nuclear español habría cesado completamente su operación, perdiendo una parte esencial de nuestro mix eléctrico. Dados los largos periodos de ejecución de nuevas centrales, deberían adoptarse ya las decisiones oportunas para poder disponer, en plazo, de la nueva potencia que puede ser necesaria para reemplazar a la que se clausure.
La propuesta de una masiva incorporación de energía renovable al sistema eléctrico agudiza la importancia de disponer de instrumentos de gestión de la demanda eficaces y eficientes, a fin de contar con un sistema eléctrico técnicamente viable y aplanar la curva de demanda, caracterizada hoy por máximos y mínimos muy distantes.
Asimismo, es altamente improbable que el almacenamiento energético esté suficientemente desarrollado en 2020, salvo el aporte al sistema de tecnologías probadas, como el bombeo, y el posible impacto de otras en desarrollo, como el vehículo eléctrico.
La única alternativa que a 2020 se estima con capacidad suficiente como para garantizar el suministro es, por tanto, contar con potencia térmica en cantidad y calidad adecuadas. Como indicábamos antes, para ello es imprescindible garantizar la viabilidad económica de estas instalaciones.
Por otra parte, es necesario disponer de una adecuada capacidad de interconexión eléctrica y gasista con el resto de Europa, tanto con objeto de facilitar la penetración de renovables en el sistema eléctrico como para avanzar en la creación de un verdadero mercado interior de la electricidad y el gas en la Unión Europea.
Es también preciso seguir avanzando en un mayor ahorro y eficiencia energética, tanto por razones económicas como medioambientales. En este sentido, muchas empresas ya están mostrando el camino a seguir.
Todo ello no es óbice para que desde CEOE coincidamos plenamente en el decisivo papel que las energías renovables jugarán, y juegan ya, en nuestro sistema energético. Precisamente por ello, el principal énfasis ha de ponerse en la I+D+i, con objeto de que las tecnologías renovables alcancen a la mayor brevedad posible el grado de madurez necesario para poder competir en igualdad de condiciones con las restantes tecnologías sin necesidad de recurrir a primas, ya que si no la situación no sería sostenible y se debería recurrir o bien a más primas o bien a incrementar el déficit del sistema.
Atraer inversiones al sistema eléctrico a nivel nacional exige un marco regulatorio estable, premisa que, junto a las de viabilidad económica y medioambiental, es fundamental para el desarrollo del sistema energético.
Los empresarios españoles llevamos tiempo solicitando la necesidad de un pacto de Estado en materia energética que debe alcanzarse en el menor tiempo posible, en el que se aborden los problemas de fondo que tiene nuestro modelo energético y tomándose las decisiones adecuadas para su inmediata aplicación. Por lo tanto, estamos a la expectativa de que el anuncio formulado recientemente por el Gobierno y la oposición no se quede meramente en un simple enunciado.
En definitiva, dados los grandes riesgos e incertidumbres que planean sobre nuestro horizonte, es especialmente importante que se tomen las decisiones adecuadas en el momento oportuno, para poder asegurar a nuestra sociedad un desarrollo económico, social y de protección ambiental que nos sitúe a la vanguardia con los principales países del mundo.
Antonio Garamendi, presidente Comisión de Energía de CEOE.
