El martes pasado el Congreso aprobó con los votos del PSOE y CiU y la abstención del PP, la llamada enmienda anti-blidaje o ladrillo (como malévolamente se denomina) ¿Por qué un aspecto tan técnico de carácter financiero ha producido tal revuelo? ¿Es que esta modificación de la regulación de los votos en la Junta General de algunas empresas cotizadas va a reducir el paro? (primera preocupación de los españoles según el CIS). En absoluto, como mucho puede ayudar a colocar unos cuantos consejeros, que sustituirán a otros. Es decir, suma cero en el marcador del empleo.
El revuelo se ha producido por las razones aducidas por unos y otros. El proponente de la enmienda, el grupo socialista, alega que es una norma derivada de directrices comunitarias y contemplada en su programa electoral de 2008.
Los analistas económicos hacen lo mismo que los criminalistas. Para saber quienes son sospechosos buscan las personas a las que favorece el crimen. En este caso, las sospechas recaen sobre dos grupos empresariales: uno constructor (ACS) y otro inmobiliario (Sacyr), de ahí la denominación de enmienda del ladrillo.
La enmienda elimina la restricción del derecho a voto en la Junta General de una empresa cotizada: el llamado blindaje. Este blindaje se da, al menos, en dos grandes empresas cotizadas: Repsol e Iberdrola. En su virtud, el accionista sólo tiene el 10 por ciento de representación política, aunque posea mayor porcentaje de acciones. Es más, si tiene el 30 por ciento, para poder gobernar la compañía está obligado a presentar una opa por el resto del capital. Pues bien, ACS y Sacyr tienen 12 y 20 por ciento de acciones, respectivamente, pero sólo el 10 por ciento de derechos políticos.
¿Quién tiene razón, los que quieren mantener el blindaje o los que lo quieren quitar? Argumentos: para todos los gustos. La lógica capitalista es que los derechos políticos sean proporcionales a la participación accionarial. Por eso se crearon las Sociedades Anónimas y sus órganos de gobierno. Pero, también, la experiencia aconsejó dotarlas de cierta estabilidad para evitar operaciones de pirateo accionarial; de ahí los blindajes.
Los partidarios del blindaje dicen que cuando los accionistas compraron las acciones ya sabían que los estatutos contenían estas cláusulas y no conviene cambiar las reglas del juego a mitad del partido. Los contrarios argumentan que cuando compraron ya tenían la intención de anularlo. El accionariado es parte de la configuración institucional de la compañía y, como tal, responsabilidad del órgano de gobierno de la misma. Si ahora hay accionistas que discrepan del blindaje y lo quieren cambiar, los gestores deberían negociar con ellos o comprarles sus acciones a precio razonable.
Por otra parte, un paquete significativo de acciones con derechos políticos restringidos pierde valor y sus titulares han visto como agua de mayo el cambio legislativo; al contrario, los gestores ven peligrar su poder.
Unos y otros han jugado sus bazas. Los gestores a través de una campaña de prensa poniendo nombres y apellidos a la operación, para dar imagen de oscuros manejos. Los accionistas interesados en eliminar el blindaje a través del PSOE y finalmente de CiU. Y la intervención de este último grupo es explicable.
Explicable porque gracias a CiU se ha eliminado de la enmienda a sociedades no cotizadas, especialmente las familiares. Sociedades que para preservar su naturaleza es lógico que en sus estatutos defiendan la continuidad de la gestión ante grupos minoritarios. Además, CiU representa por vocación a este tipo de accionariado, que en Cataluña le ofrece una base electoral.
Por cierto, CiU también ha conseguido el retraso de la aplicación de la enmienda en un año a partir de su publicación en el BOE. Un retraso que permite abrir un periodo de negociación entre las partes en litigio y, aumenta el valor del paquete de acciones minoritario que, gracias a la enmienda, incorpora la expectativa de recuperación de los derechos de voto.
Por último, una intuición: éste no va a ser el último pacto PSOE-CiU en la legislatura. Rodríguez Zapatero sabe que el tripartito (PSC/ICV/ ERC) puede perder las elecciones catalanas de octubre; también que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut dificultará su relación con Esquerra Republicana. Por eso, está cambiando su estrategia en Cataluña. ¿Será esta enmienda la primera de un baile a ritmo de sardana que le permita resistir hasta el 2012 en el Gobierno aprobando los Presupuestos del Estado con apoyo de CiU a cambio de favores en el Parlament?
J. R. Pin Arboledas, profesor del IESE.