Pasó Semana Santa y pronto olvidaremos los daños de la huelga que convocó el sindicato ferroviario CGT. Su cínico representante declaró que la coincidencia de esta huelga con el miércoles en que se iniciaban las vacaciones era casual.
¿Quién defiende los derechos de los trabajadores que después de un largo periodo laboral buscan un bien ganado reposo?
La Renfe es un servicio público. En el inicio y final de vacaciones su uso masivo constituye un derecho ciudadano. Entonces, una huelga es un conflicto entre trabajadores del transporte y viajeros, y debe prevalecer el interés más importante; si nos referimos al número de afectados: el de los viajeros. En consecuencia, los días clave de traslados por vacaciones deberían ser inhábiles para la huelga en Renfe.
Ya existen los servicios mínimos que, ante la falta de acuerdo de patronal y sindicato, suele imponer la autoridad administrativa que vela por el bien común; oscilan entre el 70 y el 90 por ciento de los servicios normales.
Los sindicalistas dicen que entonces se quita fuerza al legítimo derecho a la huelga. En realidad, muchas veces, si se cumplen los servicios mínimos, el usuario no nota la huelga. ¿Será que los servicios normales están sobredimensionados?
Pero, en periodos de afluencia masiva, la reducción entre un 10 y un 30 de los efectivos se nota mucho. Ahora Patronal-Sindicatos-Gobierno están en el Pacto Social, del que poco se espera para reformar el mercado laboral y crear trabajo. Una buena aportación sería una regulación de la huelga que prohibiera su ejercicio, en materia de transportes, durante los días iniciales y finales de los periodos vacacionales normales y los llamados puentes.
Al menos, así demostrarían que piensan en el beneficio de los trabajadores y respetan su derecho al legítimo descanso. Además, en una economía que vive en buena parte del turismo sería una ventaja competitiva para atraer extranjeros.
J. R. Pin Arboledas, profesor del IESE.