La mayoría de los mortales cuando llega el final de cada año o el principio del siguiente hacemos balance de lo realizado y de lo que dejamos pendiente, para instantes después elaborar una enorme lista de todas las cosas que, esta vez sí, vamos a realizar en el nuevo año.
Los hay que se apuntan al gimnasio, los que se ponen a dieta, los que dicen que aprenderán inglés y los que prometen que llevarán sus asuntos al día, sin dejar nada pendiente.
Esta última opción parece que es la elegida por el Gobierno vasco y las tres Diputaciones Forales. Un simple vistazo retrospectivo evidencia cómo en "cuestión de dineros" tienen bastantes asuntos pendientes y que ahora quieren ponerse las pilas.
Desde la perspectiva del gasto, están caducadas, aunque vigentes por prórroga, las dos principales leyes que marcan el reparto de los dineros entre las Administraciones: la Ley de Cupo entre Madrid y Euskadi; y la Ley de Aportaciones entre Gobierno vasco y las Diputaciones Forales.
Pero es que desde la perspectiva de los ingresos tampoco están solventados los asuntos. In extremis, perdón, en diciembre, las Diputaciones aprobaron la reforma del IRPF, sin que hubiera apenas margen de tiempo para que el contribuyente pudiera hacer su planificación fiscal.
Menos tiempo habrá, mejor dicho no lo habrá, para la planificación fiscal empresarial. En este caso, será con "efectos retroactivos" como se apruebe la reforma vasca del Impuesto sobre Sociedades para 2007. Ahora todo son prisas, ya que de lo contrario podríamos encontrarnos con el terrible panorama de que las empresas vascas pagasen más que las del resto de España. A día de hoy el tipo fijado por Solbes es del 32,5 por ciento y el vasco está una décima por encima.
El País Vasco tiene soberanía para recaudar y regular sus impuestos, lo que también permite, valga la ironía, para hacerlo con retraso y a remolque de lo que hace el Gobierno central.
