Al final, el Gobierno dio marcha atrás en el pulso que mantenía con CiU y PNV en la Ley de Transparencia y serán las administraciones autonómicas y locales quienes tengan la potestad de aplicar las sanciones por incumplimientos de la nueva normativa. Una cesión que ha sido decisiva para que ambas formaciones nacionalistas retiraran sus enmiendas a la totalidad del proyecto alegando que vulneraba las competencias de las autonomías. La Ley estará antes de agosto.
El proyecto de ley otorgaba al ministro de Hacienda la potestad para abrir expedientes disciplinarios a los más altos responsables de las comunidades autónomas y alcaldes contemplando incluso su destitución e inhabilitación. Sin embargo, tras el acuerdo alcanzado con los grupos vasco y catalán, será la Autoridad Fiscal independiente, creada recientemente por el Gobierno, quien ponga en conocimiento de cada administración las infracciones detectadas, para que estas incoen el procedimiento y, en su caso, impongan la sanción.
Pero no ha sido esta la única cesión del Gobierno ayer y en esta ley. También accedió a que sea un consejo independiente y de nueva creación el que vele por el cumplimiento de la Ley de Transparencia en lugar del Ministerio de Hacienda, como pedían la mayoría de grupos de la oposición, que habían mostrado su rechazo a que la tutela de la Ley estuviera en manos del Ejecutivo.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció la creación de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno durante el debate de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley, explicando que será independiente de los poderes públicos, con los perfiles de mayor independencia y especialización que exige el espíritu de esta ley", y tendrá un presidente elegido por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados que no podrá ser destituido durante su mandato.
Reforma de la Ley de Partidos
Durante su primera intervención, Sáenz de Santamaría ya anticipaba el cambio de criterio gubernamental al apuntar que al Ejecutivo "le preocupa que se sancionen y persigan" los incumplimientos de las normas de buen gobierno, pero "no tanto quién lo haga".
"No queremos que se vea esa exigencia de responsabilidad individual como un motivo de injerencia de unas administraciones en el personal de otras", puntualizó, para añadir que la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya ha impuesto nuevas obligaciones a las administraciones pero los ciudadanos "demandan también una responsabilidad a nivel individual".
La Ley de Transparencia obligará a todas las administraciones públicas de España y los organismos y a las entidades privadas cuando tengan una financiación pública relevante y la vicepresidenta calificó la norma de "urgente e inaplazable" porque, según dijo, se trata de "la primera reforma profunda para la regeneración democrática".
Alusión ésta que sirvió a Sáenz de Santamaría para anunciar que tras la Ley de Transparencia, el Gobierno llevará al Congreso una reforma de la Ley de Partidos, una norma para garantizar el control económico y financiero de las formaciones políticas, otra que garantizará el fortalecimiento del Tribunal de Cuentas, la regulación de los lobbies y medidas legislativas para "perseguir y sancionar la corrupción política". Todo un cambio institucional con el objetivo de que "nuestras administraciones recuperen la credibilidad y el prestigio que merece nuestra sociedad tras 35 años de democracia".
Asimismo, la número dos del Gobierno anunció que la Ley de Transparencia irá acompañada de un Portal de la Transparencia, que permitirá obtener la información sobre contratos, subvenciones, convenios y retribuciones de altos cargos.
A pesar de la retirada de las enmiendas de CiU y PNV, los otros grupos que habían rechazado la totalidad del proyecto: Izquierda Plural, UPyD, Amaiur, ERC, BNG y Compromís-Equo las mantuvieron aunque fueron todas rechazadas por 21 votos a favor, 183 en contra y 117 abstenciones, siendo estas últimas del Grupo Socialista.
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, criticó duramente a socialistas y nacionalistas, aseguran que avalaban la Ley para "seguir parasitando con plena impunidad".
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La Ley de Transparencia pasa el primer examen
