El pulso entre las eléctricas y el Gobierno se encuentra en su punto más álgido. El presidente de la patronal eléctrica Unesa, Eduardo Montes, anunció a elEconomista que las compañías están dispuestas a llevar a los tribunales al Gobierno si se niega a dar aval del Estado a los 3.600 millones de nuevo déficit generado este año después de que el Ministerio de Hacienda incumpliera su palabra de asumir costes eléctricos este año. PP: "El Ejecutivo está obligado a no plegarse a las pretensiones de las eléctricas".
En una entrevista, Montes dejó claro que las grandes compañías del sector no pueden asumir en su balance esta cantidad. "Se está analizando y, si no se tituliza el déficit con todas las garantías y sin merma alguna para las empresas, tenemos el deber de recurrir", añadió.
En concreto, las compañías mantendrán vivos los recursos ya presentados ante el Tribunal Supremo contra la orden de peajes de agosto, donde incluso pedían blindar el crédito de 2.200 millones de euros del departamento que dirige Cristóbal Montoro para financiar las renovables y que eran necesarios para cuadrar el desajuste eléctrico, así como los 900 millones de la compensación por las extrapeninsulares que debían asumir los Presupuestos Generales del Estado.
Tal como adelantó este diario el pasado lunes, las compañías abrirán una nueva causa sobre la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley que habilitaba el mencionado crédito extraordinario y alegarán que se ha incurrido en una retroactividad pura o auténtica porque no es que se cambie un marco regulatorio sino que se elimina el existente antes de que entre en vigor (la norma se encontraba en trámite parlamentario).
En un primer momento, el Gobierno se comprometió a buscar una fórmula para que las empresas pudieran titulizar el nuevo déficit con la máxima nota (el aval del Gobierno). A continuación, el Ejecutivo se comenzó a mostrar escéptico sobre la manera de canalizar este montante, en tanto que el mecanismo que existía hasta el momento para hacer titulizaciones ya se había liquidado por haber emitido toda la deuda (26.000 millones).
Finalmente, en una entrevista concedida a ABC este fin de semana el ministro de Industria, José Manuel Soria, dejó claro que "es difícil que el Gobierno dé este aval".
La gota que ha colmado el vaso ha sido la anulación de la subasta celebrada el pasado jueves y las acusaciones directas a las eléctricas por los altos precios. Tras los acontecimientos de los últimos días, incluso el ministro de Industria, José Manuel Soria, se ha desdicho de sus afirmaciones y aseguró en una entrevista en ABC este fin de semana que "ahora es muy complicado que se dé el aval a las eléctricas".
El cruce de acusaciones no es nada disimulado. Las eléctricas han anunciado medidas legales contra las acusaciones sobre la manipulación del mercado, mientras que Soria echó más leña al fuego al asegurar públicamente que existe "una gran preocupación en los cuarteles generales de las eléctricas".
En un duro comunicado remitido el sábado, las eléctricas dejaron claro que "lo que sí es preocupación en las sedes de las eléctricas" es el "fracaso de la reforma energética emprendida por el ministro".
Ese mismo día, el Boletín Oficial del Estado publicó la resolución por la que se invalidó la subasta donde, tal como había adelantado elEconomista el día precedente, el Gobierno alude a fallos técnicos en esta última subasta y a desviaciones sobre los precios en el mercado de futuros.
La patronal eléctrica pide explicaciones
