Una nueva propuesta electoral aterriza en el terreno económico en forma de reestructuración de organismos. La iniciativa llega de la mano del Partido Socialista, que en el borrador de su programa electoral incluye reorganizar la supervisión financiera, cometido del que se encargarían sólo dos instituciones: el Banco de España y la Comisión Nacional de Mercados Financieros (CNMF), que sustituirá a la actual CNMV.
Hasta ahora, la supervisión financiera en España venía realizando entre el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General del Seguros, dependiente del Ministerio de Economía y encargada de regular y supervisar al sector asegurador.
Los cambios
Según han explicado los socialistas, esta medida persigue mejorar "algunos de los solapamientos institucionales actuales" y puntualiza que el Banco de España pasará a ser el "responsable de la gestión prudente del riesgo y la solvencia de los intermediarios financieros -bancarios, crediticios, seguros y de servicios de inversión-".
Por su parte, la CNMF continuará con las funciones habituales de la CNMV y velará por el correcto funcionamiento y transparencia de los mercados de valores, así como por una conducta adecuada de los intermediarios en su relación con los inversores y consumidores de servicios financieros.
Como añadido al regulador, se creará un Consejo Interterritorial de Protección del Usuario de Servicios Financieros, con presencia de las Comunidades Autónomas, a fin proteger la calidad de los servicios financieros y los derechos de la ciudadanía.
Para ello, impulsarán una Ley que establezca los elementos básicos de la protección del usuario de servicios financieros y confiarán a la futura CNMF la protección básica del consumidor financiero, reforzando y ampliando las labores de la actual CNMV en esta materia.
Contra el blanqueo
En relación a los mercados financieros, los socialistas también abogan por impulsar la labor del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) como institución que centralice y coordine los esfuerzos públicos en la lucha contra la delincuencia económica, adecuando su marco institucional.
Además, se comprometen a elaborar una estrategia nacional para promover la educación financiera entre la ciudadanía, con la puesta en marcha programas específicos para los usuarios menos informados y atención personalizada por teléfono e internet para cuestiones financieras.
