Las empresas cotizadas no podrán mantener los blindajes empresariales, es decir las limitaciones en los derechos de voto, a partir de mañana viernes, cuando se cumple un año de la publicación de la reforma de las leyes de Auditoría, Mercado de Valores y Sociedades Anónimas.
Esta decisión afecta a grandes empresas como Iberdrola o Repsol que cuentan con límites de voto del 10 %, es decir que sus accionistas solo pueden votar por ese porcentaje independientemente del cual sea su paquete accionarial.
En Iberdrola esto incumbe directamente a ACS, que tiene un 19 % de la eléctrica, y pugna por entrar en su consejo de administración: y en Repsol, a Sacyr, que tiene un 20% pero sí que cuenta con representación en el máximo órgano de la petrolera.
Una vez cumplido un año de la publicación de la ley, estas limitaciones dejarán de ser válidas sin necesidad de que se modifiquen los estatutos de las empresas, al ser norma de rango superior.
Un polémico debate
El debate para acabar con estas limitaciones, a propuesta del PSOE, fue bastante polémico con la firme oposición del PNV.
El portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, sostuvo que esta enmienda puede "poner en riesgo determinadas empresas como Iberdrola", ya que puede permitir que "gente con espíritu puramente especulativo, los llamados tiburones, la destrocen y desmantelen y la vendan, afectando a la estructura productiva".
La portavoz socialista en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, Marta Gastón, defendió en ese momento que "la norma no estaba pensada para casos concretos".
Tras una aplazamiento del debate la modificación salió finalmente con dos propuestas de CiU: que sólo afectara a las sociedades cotizadas y que entrara en vigor un año después de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), plazo que se cumple ahora.
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