Según el último estudio sobre la Brecha del IVA, publicado por la Comisión Europea, en 2012 se perdieron unos 177.000 millones de euros en concepto de IVA defraudado o no recaudado. Esta cifra supone el 16 por ciento del total de los ingresos por IVA, previstos en 26 Estados miembros. Que en el caso de España supone hasta un 18 por ciento de la recaudación prevista.
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El informe aporta datos pormenorizados sobre la diferencia entre el importe del IVA adeudado y el que efectivamente se ha terminado recaudando en 26 Estados miembros y a lo largo del ejercicio de 2012. Incluye asimismo cifras actualizadas para el periodo 2009-2011, que son el resultado de la aplicación de una metodología perfeccionada. También expone las principales tendencias en la brecha del IVA, junto con un análisis del impacto que han tenido sobre los ingresos del IVA el clima económico actual y las decisiones políticas adoptadas.
Se denomina brecha del IVA a la diferencia entre los ingresos previstos en concepto de IVA y los efectivamente recaudados por las autoridades nacionales. Aunque resulta evidente que el incumplimiento es un factor que contribuye de forma significativa a este déficit de ingresos, la brecha del IVA no se debe exclusivamente al fraude. La no percepción de este impuesto se debe también, entre otras cosas, a las quiebras e insolvencias, los errores estadísticos, el retraso en los pagos y los mecanismos de elusión legales.
En 2012, las cifras más bajas relacionadas con la brecha del IVA se registraron en los Holanda (con un 5 por ciento de los ingresos previstos y no recaudados), Finlandia (5 por ciento) y Luxemburgo (6 por ciento). La diferencia más llamativa se observó en Rumanía (con un 44 por ciento), Eslovaquia (39 por ciento) y Lituania (36 por ciento). Once Estados miembros redujeron esta diferencia entre 2011 y 2012, mientras que en otros quince esta diferencia aumentó.
Grecia fue el país que registró una mejora más sensible entre 2011 (9.100 millones de euros) y 2012 (6.600 millones de euros), si bien, sigue siendo uno de los Estados miembros con una brecha del IVA elevada (33 por ciento). Según recuerda la propia Comisión, financia el estudio en el marco de su labor para reformar el sistema del IVA en la Unión Europea y atajar el fraude y la evasión fiscales. La resolución del problema que supone la brecha del IVA exige abordarlo por varios flancos.
Lucha contra la evasión
En primer lugar, es fundamental adoptar una actitud más enérgica contra la evasión y reforzar el control del cumplimiento a nivel nacional. Como consecuencia de la reforma del IVA iniciada en diciembre de 2011, se han adoptado ya importantes instrumentos que garantizan una mayor protección contra el fraude del IVA . Por ejemplo, el Mecanismo de Reacción Rápida, adoptado en junio de 2013, permite a los Estados miembros reaccionar con mayor celeridad y eficacia a fin de atajar los casos repentinos de fraude del IVA a gran escala.
En segundo lugar, cuanto más sencillo sea el sistema, más se facilitará el cumplimiento de las normas a los contribuyentes. Así pues, la Comisión se ha centrado de forma deliberada en simplificar el sistema del IVA en beneficio de las empresas de la Unión en su conjunto. Por ejemplo, en 2013 entraron en vigor nuevas normas destinadas a facilitar la facturación electrónica y disposiciones especiales dirigidas a las pequeñas empresas, y, por otro lado, la declaración del IVA normalizada propuesta educirá de forma significativa las cargas administrativas de las empresas transfronterizas.
A partir del 1 de enero de 2015, entrará en vigor una ventanilla única para las empresas de servicios electrónicos y de telecomunicaciones. Con esta iniciativa, que entrañará una considerable simplificación de los regímenes del IVA en favor de esas empresas, permitiéndoles cumplimentar una única declaración del IVA para todas sus actividades en la Unión Europea, se fomentará un mayor cumplimiento de las normas. En tercer lugar, es preciso que los Estados miembros modernicen sus administraciones tributarias en lo que respecta a la recaudación del IVA a fin de reducir la brecha existente. Por ejemplo, un informe sobre los procedimientos de recaudación y control del IVA en los Estados miembros, en el contexto de los recursos propios de la UE, publicado en febrero de 2014, propone medidas al respecto. Por último, los Estados miembros deben reformar sus sistemas fiscales de forma que se facilite el cumplimiento, se evite la evasión y la elusión y se mejore la eficiencia de la percepción de impuestos. La Comisión ha aportado unas orientaciones claras a este respecto mediante recomendaciones específicas por países.
Algirdas ?emeta, Comisario de Fiscalidad, afirmaba al respecto, que "la brecha del IVA es básicamente un marcador de la efectividad, o de la falta de efectividad, de las medidas de aplicación y control del cumplimiento de las normas en materia de IVA en toda la Unión Europea. Las cifras que se presentan demuestran que aún queda mucho por hacer. Los Estados miembros no pueden permitirse sufrir pérdidas de tal magnitud. Deben incrementar sus esfuerzos y tomar medidas contundentes a fin de recuperar este dinero público. La Comisión, por su parte, sigue centrada en una reforma fundamental del sistema de IVA para dotarlo de mayor solidez y eficacia y reducir su vulnerabilidad ante el fraude".
Actuaciones de la Comisión Europea
La Comisión Europea a través de diversos mecanismos se ha mostrado partidaria de que se utilicen criterios comunes por los Estados miembros para identificar los paraísos e introducirlos en unas listas negras nacionales. También se recomiendan medidas específicas para convencer a esos países no miembros de la UE de la necesidad de aplicar las normas de gobernanza que rigen en la Unión.
También, ha propuesto diferentes vías para corregir los tecnicismos y las lagunas que algunas empresas aprovechan para evitar el pago de lo que equitativamente les corresponde. La Comisión ha animado a los Estados miembros a reforzar sus convenios de doble imposición para evitar que puedan dar como resultado una ausencia total de tributación. Se les anima a adoptar para la lucha contra las prácticas abusivas una norma general común que permita basar los impuestos en las actividades económicas reales y dejar de lado cualquier montaje artificial con el que se pretenda eludirlos.
Entre las otras iniciativas en las que se trabaja está un paquete, compuesto por un código del contribuyente, la creación de un número de identificación fiscal de la UE, la revisión de las disposiciones que establecen para la lucha contra las prácticas abusivas las directivas de la UE más importantes y el establecimiento de unas directrices comunes para rastrear los flujos de dinero.
Por otra parte, con el fin de aumentar la atención de la UE al problema de la competencia fiscal perniciosa, Bruselas ha instado a los Estados miembros a que den un nuevo impulso a los trabajos de elaboración del código de conducta de la UE en materia de fiscalidad de las empresas.
La Comisión Europea ha señalado también, que en caso de que no logren acordar y aplicar de forma puntual y efectiva soluciones que permitan eliminar determinadas discordancias y desajustes, el propio Ejecutivo comunitario presentará, si procede, las propuestas de acción legislativas que sean oportunas. Se recomienda, asimismo, ampliar el ámbito de aplicación de ese código de conducta para que en él se incluyan también regímenes fiscales especiales destinados a los más ricos.
Estas medidas tratan de contribuir de forma decisiva al debate internacional que se está desarrollando -especialmente dentro de la OCDE y del G20- a propósito de la evasión y la elusión fiscales. Se trata de reforzar la posición de la UE en favor de unos mayores niveles de buena gobernanza fiscal a nivel mundial.
Falta de coordinación fiscal
Para la UE en su conjunto, la coordinación inadecuada o la no coordinación de las políticas fiscales podría suponer un coste total de aproximadamente 31.000 millones de euros anuales, según se estima en el informe Hacia una genuina Unión Monetaria, elaborado por el Parlamento Europeo en octubre de 2012.
Argumenta esta misma institución en su reciente informe sobre El Coste de la no Europa 2014-2019, el Fondo Monetario Internacional (FMI) analizó la función que puede desempeñar una integración fiscal más profunda para corregir las debilidades estructurales del sistema de la Unión Europea reduciendo la incidencia y la gravedad de futuras crisis y ofreciendo credibilidad a largo plazo para los mecanismos de crisis ya existentes.
A pesar de que el ajuste a nivel estatal, el apoyo ofrecido a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) y del mecanismo de protección del Transacciones Monetarias Directas (OMT) y el progreso realizado para conseguir una unión bancaria son logros significativos, resulta muy importante contar con un enfoque ex ante más claro en materia de disciplina fiscal y transferencias para seguir reforzando la UEM y ayudar a garantizar la estabilidad de la zona del euro.
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