El anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, que desjudicializa toda una serie de materias para descargar juzgados y tribunales, se ha convertido en nexo de unión para dos sectores que durante más de un siglo han mantenido caminos separados: notarios y secretarios judiciales. Ambos se enfrentan ahora al reparto de competencias que esta nueva norma -todavía en tramitación- les otorgue. Fedatarios judiciales y extrajudiciales se dieron cita el pasado jueves 27 de marzo precisamente para debatir sobre la Ley que viene, en el marco de la Iª Jornada de notarios y secretarios judiciales, organizado por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, el Consejo General del Notariado y la Universidad CEU San Pablo.
El foro sirvió a ambas partes para adelantar ese mismo jueves que en próximos días se daría a conocer un acuerdo entre los dos sectores sobre qué materias de jurisdicción voluntaria podrían, a su juicio, solventarse alternativamente entre ellos, y no de forma exclusiva. Se trata de dar pautas al Ministerio de Justicia para que la Ley de Jurisdicción Voluntaria cuente con el beneplácito de los sectores que se encargarán de aplicarla.
En este sentido, Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, aseguró que existen puntos de coincidencia muy importantes entre los dos grupos y que "se pueden aventurar propuestas". Reiteró además la voluntad del colectivo de secretarios judiciales de asumir el Registro Civil -partiendo de la idea de que las negociaciones con los registradores se han roto-, una propuesta que nos notarios ven "positiva, tal y como aseguró el vicepresidente del Consejo General del Notariado, Joan Carles Ollé.
Ollé también comentó que la valoración de los notarios sobre el anteproyecto es "globalmente positiva", y que "sería un error enfrascarse en un debate sobre la alternatividad". Eso sí, reconoció que es importante que los distintos funcionarios implicados "nos sintamos cómodos y que nadie se sienta excluido", de modo que la exclusividad "no es óbice para que en ciertos ámbitos se pueda explorar y llegar a casos de alternatividad". Ollé mostró su "confianza plena en que podamos presentar algunas propuestas concretas" en busca del beneficio general.
Críticas al 'monitorio notarial'
El bautizado coloquialmente como monitorio notarial fue uno de los puntos más debatidos de la jornada, entre otros, por Antonio Fernández de Buján, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y vocal de la Sección Especial de la Comisión General de Codificación para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Jurisdicción Voluntaria. Aseguró que esta fórmula para reclamar deudas de forma extrajudicial es "complicada" y "va a dar lugar a mucho debate". A su juicio, y dado que la ley prevé que el requerimiento que el notario haga al deudor -si éste no se opone- se convierta en título ejecutivo, tal fórmula sería "más propia de la tutela judicial que de la tutela notarial".
Sin embargo, matizó que la posición del notariado "ha cambiado mucho en los últimos años y se le han atribuido competencias que no son propias de su esfera" (fraude fiscal o blanqueo de capitales, por ejemplo) y que han asumido "con rigor". Por ello, se atribuya o no a los notarios esta competencia, "siempre deberá hacerse con el máximo respeto a la función notarial", es decir, sin cuestionar, por ejemplo, la posible influencia del arancel.
Precisamente el informe del CGPJ sobre la Ley de Jurisdicción Voluntaria ha sido muy duro con el monitorio notarial, una actitud del Poder Judicial muy criticada por Ignacio Solís Villa, notario de Madrid, quien aseguró que se trata de un informe "deplorable" que incluye "descalificaciones totalmente fuera de lugar". En este sentido, Ernesto Casado Rodríguez, secretario judicial y director de CEI, apuntó que la redacción de los artículos sobre el monitorio notarial resulta "sorprendente" por ser prácticamente calcada del procedimiento monitorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Recordó además que el CGPJ es partidario de mantener estos casos en la esfera judicial, y desmintió que los procedimientos monitorios vayan mal, ya que "tenemos menos que en 2008".
Cláusulas abusivas
El problema de las cláusulas abusivas también ocupó un lugar destacado en la Jornada. Joan Carles Ollé señaló que "es importante que el legislador dote a los notarios de suficientes competencias para que puedan garantizar aún más el control preventivo de las cláusulas abusivas", una idea que también defendió Juan Gómez Martínez, notario de Sabadell. Éste aseguró que el notario no puede negarse a otorgar la escritura a pesar de que ésta contenga alguna cláusula potencialmente abusiva si ésta no está inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación.
Como ejemplo, comentó que la última cláusula que se inscribió en este Registro con el fin de prohibir su uso tardó "año y medio" en constar en él después de la sentencia, lo que implica que durante ese tiempo el notario no pudiera dejar de validarla. Por ello, pidió que se faculte al notario para que señale durante la firma qué puede ser abusivo, qué alega el consumidor al respecto y qué comenta la entidad de crédito, como ayuda en caso de que se produzca un procedimiento judicial posterior, ya que el notario "solo puede advertir".
Además, se lanzaron críticas unánimes a la sentencia del Supremo sobre cláusulas suelo de 9 de mayo de 2013, así como contra la Ley /2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, especialmente en cuanto a la moderación de los intereses de demora, que se calificó como una solución "lamentable". Gómez Martínez aseguró que, en el marco de otra jornada, unos 60 magistrados de Cataluña se mostraron de acuerdo en no aplicar esta previsión ya que, en caso de abusividad del interés de demora, éste debe ser siempre "cero".
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