Evitar el abuso de la figura del real decreto-ley en materia tributaria, restringiendo su utilización, reforzar la irretroactividad de los cambios de la ley tributaria; o asegurar que los cambios normativos se adoptan con suficiente antelación a su entrada en vigor son algunas de las medidas que la Fundación Impuestos y Competitividad cree necesarias para dotar al sistema fiscal de una mayor seguridad jurídica.
"De poco vale aprobar medidas fiscales destinadas a favorecer la actividad productiva y la creación de empleo si su capacidad para generar resultados reales queda reducida ante la falta de confianza de los operadores económicos por la posterior interpretación y aplicación efectiva de dichas medidas por parte de las autoridades y respecto a su duración estable en el tiempo", afirmó ayer Ginés Navarro, director general de la Fundación.
Un apoyo a la equidad
Esta institución presentó ayer un informe con diez propuestas para la mejora de la seguridad jurídica en el ámbito de la reforma del sistema tributario español, entre cuyas conclusiones se afirma que "la mejora de la seguridad jurídica también sirve a la equidad, porque ayuda a evitar tratamientos discriminatorios o injustificadamente desiguales a personas o empresas en situaciones objetivas asimilables".
A pesar de que plantea pocas propuestas con vistas a la próxima reforma fiscal, son muchas las medidas que se engloban en ellas, tales como aprobar y publicar resoluciones generales que establezcan criterios sobre temas en los que existan discrepancias interpretativas y que los cambios de criterio en la aplicación de tributos operen a partir del momento en que la Administración los manifieste.
Alejando Escoda, socio de Cuatrecasas y presidente de la Fundación, consideró que "no debería existir un régimen sancionador tan elevado como el vigente para asuntos de interpretación". La Administración Tributaria debería avisar públicamente y con tiempo suficiente cuando cambie de criterio.
La Fundación (formada por PwC, Baker&McKenzie, Cuatrecasas-Gonçalves Pereira, Deloitte, EY Abogados, Garrigues, KPMG y Uría Menéndez) destaca la necesidad de armonizar las normas, procedimientos y obligaciones en las distintas Administraciones minimizando los costes económicos y de inseguridad jurídica por la multiplicidad de normas e interpretaciones.
También considera importante el informe corregir el automatismo en la imposición de sanciones tributarias; que no exista sanción si no hay ocultación, de modo que la declaración veraz y completa del obligado tributario excluya la responsabilidad. Se pide, además, avanzar en la definición del tipo del delito fiscal del Código Penal para evitar la penalización de las divergencias interpretativas en la calificación fiscal de los negocios jurídicos.
Para evitar tratamientos discriminatorios sobre los contribuyentes, aboga el informe por la obligatoriedad para los Tribunales Económico Administrativos (TEA) de aplicar el criterio de la Dirección General de Tributos cuando sea favorable a los contribuyentes. Los representantes de la Fundación abogaron porque la vía Económico-Administrativa sea voluntaria.
Ricardo Gómez-Acebo, vicepresidente de la Fundación, explicó en el acto de presentación del informe que "los cambios muy seguidos no son buenos para mantener una seguridad jurídica que atraiga a los inversores, tal y como ha ocurrido, por ejemplo, con la libertad de amortización, sobre la que se ha pasado de una libertad muy amplia a la actual situación de rechazo. No se trata de analizar si es procedente el cambio o no, sino de los plazos para hacerlo".
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