La Comisión Europea propuso ayer la creación de una Fiscalía Europea de cara a 2015 para perseguir el fraude al presupuesto comunitario. El desafío no es baladí, pues cada año el fraude cuesta a las arcas de la Unión Europea en torno a 500 millones de euros. Sólo en un 42 por ciento de los casos los responsables son encontrados y llevados ante la Justicia.
La propuesta presentada por la vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Justicia, Viviane Reding, plantea que el futuro fiscal tendrá competencias para investigar, perseguir y, llegado el caso, denunciar ante los tribunales nacionales presuntos fraudes en el uso de fondos comunitarios, en especial los casos que tienen dimensión transfronteriza.
La Fiscalía Europea tendrá una estructura descentralizada e integrada en los sistemas judiciales nacionales. De este modo, los fiscales europeos delegados llevarán a cabo las investigaciones y actuaciones judiciales en el Estado miembro correspondiente, recurriendo al personal nacional y aplicando el Derecho del país. No obstante, sus acciones las coordinará el fiscal europeo a fin de garantizar un planteamiento uniforme en toda la UE, lo que reviste una importancia vital, especialmente en los asuntos transfronterizos.
Los tribunales nacionales se encargarán del control jurisdiccional, lo que supone que se podrán interponer recursos ante ellos contra las actuaciones de los fiscales europeos. Al mismo tiempo, la propuesta refuerza considerablemente los derechos procesales de los sospechosos sujetos a investigaciones de la Fiscalía Europea.
Un colegio de diez miembros, compuesto por el fiscal europeo, los cuatro fiscales adjuntos y cinco fiscales delegados, garantizará una integración total entre la UE y el nivel nacional, sobre todo mediante el consenso sobre las normas generales en materia de adjudicación de asuntos. Dinamarca no participará en la nueva organización, ni tampoco el Reino Unido ni Irlanda, a no ser que decidan posteriormente hacerlo.
Nuevo papel de la OLAF
Por su parte, la oficina contra el fraude seguirá encargándose de las investigaciones administrativas que no entren en el ámbito de competencia de la Fiscalía Europea, tales como las efectuadas en materia de irregularidades que afecten a los intereses financieros de la UE o los delitos o faltas graves del personal de la UE que no tengan incidencia financiera.
La OLAF dejará de realizar investigaciones sobre fraudes contra la UE u otros delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión, que pasarán a ser competencia exclusiva de la Fiscalía Europea.
