El Gobierno aprobó en noviembre el Real Decreto-ley 27/2012, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, en el que destaca, entre otras medidas, la paralización de los desahucios durante los dos próximos años para determinados colectivos especialmente vulnerables. Sin embargo, un estudio publicado por Fedea, en el número 233 de Cuadernos de Información Económica, elaborado por la investigadora de Analistas Financieros, María Romero, concluye que la estimación aproximada de su impacto sobre la morosidad muestra que el efecto es moderado.
A modo de ejemplo, en un escenario relativamente pesimista se estima que podría elevar la tasa de morosidad en un 0,65 por ciento. En cambio, otras medidas, como la introducción de una dación en pago universal yretroactiva propuesta en una iniciativa popular, tendrían un impacto considerable. Por ejemplo, si el 50 por ciento de los potenciales beneficiarios de esta medida se acogiesen a ella, se estima que la tasa de morosidad podría triplicarse.
Este análisis, junto con el publicado en el mismo número de los Cuadernos de Información Económica por los profesores, Santiago Carbó, del Bangor Business School, y Francisco Rodríguez, de la Universidad de Granada (ambos colaboradores de Funcas), plantean una valoración de las dimensiones económicas sobre el debate jurídico de la dación en pago.
Un marco social crispado
Más de 500 profesionales, entre abogados, jueces, secretarios judiciales, notarios, catedráticos, procuradores, fiscales y funcionarios de la Administración, se han adherido al manifiesto presentado ayer en el Consejo General de la Abogacía en el que piden al Gobierno que reconsidere el proyecto de que se está tramitando en el Senado. Esta norma es el resultado del debate parlamentario del proyecto de ley del Gobierno y de la iniciativa legislativa popular de dación en pago, que ha contado con el único apoyo del Grupo Popular para ser aprobada en el Congreso.
Demandan, fundamentalmente, que se establezca una dación en pago más amplia que la que recoge el actual proyecto, que se paralicen todos los procedimientos de ejecución hipotecaria hasta comprobar que los contratos de préstamo hipotecario que los sustentan no contienen cláusulas abusivas, y una regulación del alquiler social.
En España hay 3,44 millones de inmuebles deshabitados, que están sirviendo de acicate para que Andalucía haya introducido una normativa que permite la expropiación del uso de las viviendas a los bancos, durante un tiempo máximo de tresaños, en caso de desalojos de familias que cumplan una serie de requisitos y con multas de 9.000 euros para las entidades que no colaboren.
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