Los registradores de la Propiedad son partidarios de que el Gobierno modifique la actual legislación para que quienes compraron una vivienda, y posteriormente un tribunal anuló el planeamiento urbanístico, no se encuentren con la vivienda demolida si demuestran que actuaron de buena fe.
A día de hoy el asunto está resuelto legalmente. El problema se plantea en miles de viviendas en toda España que se compraron antes de la modificación legal en 2011.
Esta solución, explicó el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Alfonso Candau, es más complicada que el que se pongan de acuerdo las Salas de lo Civil y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que mantienen doctrinas enfrentadas.
La Sala de lo Civil considera que si el titular de la vivienda actuó de buena fe debe respetarse la construcción a pesar de la situación de ilegalidad sobrevenida. Por el contrario, la de lo Contencioso-Administrativo es inflexible en su consideración de que la legislación urbanística debe primar sobre el derecho del particular, aunque la casa se encuentre dada de alta en el Registro de la Propiedad y aunque el caso se deba a una dejación de la Administración.
La registradora y exministra de la Vivienda, Beatriz Corredor, señaló, en el transcurso del Congreso Iberoamericano de Registradores que se celebra desde ayer en Cádiz, que esta situación está generando un enorme escándalo en países como Alemania, Reino Unido o los países escandinavos, en los que muchos nacionales venden sus casas para comprar una vivienda en España, que en muchas ocasiones termina bajo la amenaza del derribo a pesar de contar con el respaldo de la fe registral.
Según Candau, "en el extranjero no se entiende que alguien que compra un inmueble con un precio elevado y todas las licencias pueda encontrarse con la posibilidad de perder la casa". Por ello, para el decano de los registradores es necesario trasladar a la legislación urbanística el tratamiento de la buena fe que desde hace muchos años se admite en el tráfico comercial.
"Debe darse un respeto a quien actúa de buena fe y a quien no lo haga pues que se obligue a pagar indemnizaciones o que vaya a la cárcel si ha estafado", señaló.
Para Vicente Guilarte, catedrático de Derecho Civil, "la actuación no diligente de una Administración no puede afectar a un ciudadano que ha actuado con diligencia".
