Sin Italia y España, la Comisión de Asuntos Legales del Parlamento Europeo aprobó la semana pasada el proyecto de patente única europea, que ahora sólo debe recibir el sí del pleno de la Eurocámara para entrar en vigor.
En concreto, el Parlamento ha autorizado que un grupo de países avance en la aplicación de la patente, entre los que no se encuentran ni España ni Italia, por considerarlo discriminatorio, ya que las patentes se realizarán tan sólo en los tres idiomas oficiales de la UE -francés, inglés y alemán-, si bien, los países podrán enviar sus solicitudes en cualquier idioma de la UE y los costos de traducción de un idioma distinto de los tres idiomas oficiales serán compensados.
Además, han recurrido la decisión ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, al considerar que la patente comunitaria brinda mayor competitividad a unos países que a otros a causa del idioma. No obstante, ambos países tienen la posibilidad de sumarse a la propuesta en el momento en que lo deseen.
Con todo, los eurodiputados han dado vía libre al uso de la cooperación reforzada que el Consejo deberá aprobar en marzo.
Esta cooperación, permite a un grupo de Estados avanzar en un área de la legislación en la que no hay perspectivas de lograr un acuerdo unánime. Y es que, el Tratado de Lisboa prevé que un grupo de al menos nueve Estados miembros pueda cooperar cuando una propuesta legislativa, en un área en que la Unión Europea no tiene competencia exclusiva, permanezca bloqueada en el Consejo.
El nuevo sistema incluirá un tribunal de patentes unificado, que actualmente se encuentra en negociación entre los Estados miembros, y que reducirá tanto costes como la incertidumbre jurídica derivada a las diferencias de interpretación realizadas por los tribunales nacionales. Sin embargo, todavía no hay acuerdo sobre la sede del nuevo tribunal que dirimirá los conflictos de patentes, a la que optan Múnich, Londres y París.
Según estimaciones de Bruselas, la puesta en marcha del nuevo sistema supondrá un gran ahorro: una patente de la Unión costará unos 680 euros, frente a los casi 18.000 euros que en la actualidad cuesta una validada en 13 países europeos. Y es que para registrar algún producto, los ciudadanos europeos tenían que validar su patente en cada país o a través de la Oficina Europea de Patentes, entidad fuera del alcance del Ejecutivo.
Patente europea: Comisión y Parlamento alcanzan un acuerdo