El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, y otros dos magistrados, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado, han renunciado a sus puestos en el alto tribunal. Los dos primeros pertenecen al bloque progresista y Delgado el líder de los conservadores. Los tres forman parte del turno del Congreso, que caducó el pasado noviembre.
Delgado había dicho hace tiempo que quería retirarse por razones de salud, pero todo indica que se trata de una dimisión en bloque para forzar la renovación -los partidos tienen la responsabilidad de la demora-y quién sabe si por alguna otra causa. De cualquier modo, en medios periodísticos se habla de 'dimisión honrosa', y se lamenta que no tuvieran este gesto gallardo mucho antes, cuando el debate sobre la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Dolores de Cospedal ha hecho pública en las redes sociales la tesis de que esta dimisión es la consecuencia de la controvertida legalización de Bildu, pero esta teoría es de algún modo contradictoria: Delgado votó en contra de la legalización y los otros dos -Gay y Pérez Vera- a favor. Lo que sí debe haber pesado en el ánimo de los dimisionarios, que anunciaron su postura en el pleno del pasado día 7, es que los ecos de la controvertida decisión sobre Bildu recaen sobre un Tribunal cojo y desprestigiado: además de los tres magistrados caducados', no se ha cubierto la vacante del fallecido Roberto García-Calvo.
Aunque el presidente del TC, Pascual Sala, podría en teoría rechazar la dimisión, ésta se producirá si la voluntad de los dimisionarios es firme, con lo que el TC quedaría reducido a 8 miembros, los mínimos para que haya quórum. Lo lógico sería que los partidos políticos se apresuraran a efectuar la renovación pendiente, aunque es difícil imaginar que el PP se avendrá a ello cuando tiene al alcance de la mano llevar a cabo la renovación en una posición parlamentaria mucho mejor, si, como es previsible, gana las próximas elecciones generales.
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