
La Justicia debe quedar fuera del debate político y los distintos grupos parlamentarios tienen que lograr un acuerdo de Estado para que se apruebe cuanto antes la Ley de Medidas de Agilización Procesal y la Ley de Uso de las Tecnologías en la Administración de Justicia.
Éste es el mensaje que transmitió ayer el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando De Rosa, que avanzó que la institución está ya en contacto con algunas formaciones políticas para lograr un acuerdo de Estado que permita acelerar la modernización y la agilización de la Justicia.
En rueda de prensa tras la sesión plenaria que aprobó informes favorables sobre ambos anteproyectos, lo que implica que próximamente serán remitidos al Congreso de los Diputados, el vicepresidente no descartó que estas reformas deban aprobarse por el trámite de urgencia, y señaló que la Ley procesal, que tiene por objeto agilizar los procesos en los órdenes civil y contencioso-administrativo, debería estar lista antes de verano.
Asimismo, aseguró que los interlocutores políticos "están mostrando muy buena disposición" y señaló que estas medidas ayudarán a combatir la crisis ya que "unos tribunales más ágiles ofrecerán mayor seguridad jurídica aumentando la confianza de los inversores".
Relevancia del Alto Tribunal
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ, José Manuel Gómez Benítez, defendió que la elevación de la cuantía mínima de los 150.000 euros a los 800.000 para poder recurrir al Tribunal Supremo -una de las medidas más polémicas del anteproyecto para la agilización de los procesos- no supondrá en ningún caso "un perjuicio para la tutela judicial efectiva y las garantías procesales de los ciudadanos".
En este sentido, insistió en que el Alto Tribunal no es una segunda o tercera instancia para resolver los asuntos, sino que debe desarrollar una función casacional que consiste en unificar los distintos criterios interpretativos de la jurisprudencia menor.
También se refirió al anteproyecto de Ley de Tribunales de Instancia que transformará en juzgados colegiados los que ahora son unipersonales "que es donde se concentra un mayor colapso de la justicia". Avanzó asimismo que el Consejo ha aprobado un acuerdo para abarcar reformas en el proceso penal, sobre todo en aspectos como los recursos o la atenuación del secreto de sumario.