El Tribunal de Justicia de la UE dictó ayer martes 8 de junio de 2010 una sentencia en la que confirma que es legal el Reglamento comunitario que impone a los operadores de telecomunicaciones bajadas en sus tarifas por itinerancia o roaming internacional.
Este Reglamento estableció los precios máximos por las llamadas recibidas y efectuadas por un usuario europeo desde su teléfono móvil mientras se encuentra en el extranjero, pero dentro de Europa. Se adoptó utilizando como base legal las disposiciones del Derecho comunitario que permiten a la UE legislar para aproximar los ordenamientos jurídicos de sus Estados, cuando haya disparidades o potenciales disparidades que puedan obstaculizar la creación o el funcionamiento del mercado supuestamente único europeo.
Cuatro goliats de las telecos del Viejo Continente -Vodafone, Telefónica O2, T-Mobile y Orange- impugnaron la validez del Reglamento en cuestión ante el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales. Y la Justicia británica remitió el caso a la comunitaria, solicitando aclaraciones sobre si la UE tiene competencia para adoptar tal normativa, y sobre si se había empleado una base legal adecuada.
Se veía venir
La sentencia de ayer no es una sorpresa, por cuanto el pasado 1 de octubre de 2009 ya se había pronunciado a favor de la legalidad del Reglamento, a través de la publicación de unas conclusiones formales, uno de los abogados generales del Tribunal de Justicia de la UE.
Los abogados generales son una figura del Derecho comunitaria similar al juez ponente o al instructor en el Derecho español. Sus conclusiones sobre los casos vistos para sentencia no son vinculantes para los jueces, pero la experiencia muestra que las sentencias siguen, al menos, las líneas maestras de las conclusiones en la gran mayoría de las ocasiones.
La sentencia definitiva debe ahora ser dictada por la Justicia británica. Pero los jueces de Reino Unido tendrán que seguir la pauta marcada este martes por sus colegas de la UE.
En su versión original, estaba previsto que este Reglamento expirara el 30 de junio de 2010. Pero en junio de 2009 fue modificado: se extendieron los límites tarifarios máximos a los SMS y a las comunicaciones de datos, y se prolongó la fecha de validez hasta el 30 de junio de 2012.
