El Gobierno reducirá, finalmente, a una decena los visados que se van a exigir con obligatoriedad frente a los 82 que lo son en la actualidad. Los colegios profesionales deberán ofertar sus servicios voluntarios a los consumidores para mantener ingresos.
Así lo informó ayer el secretario general de Política Económica del Ministerio de Economía, Ángel Torres, que explicó que "no siempre el visado es igual de útil y las obligaciones que recaen sobre la actividad económica hay que limitarlas sólo a los casos más necesarios y proporcionados para no lastrar la competitividad".
Este recorte supondrá un duro golpe para muchas de las profesiones que disponían de visados obligatorios y que tendrán que crear nuevos servicios de control de carácter voluntario, que aporten un valor añadido suficiente para hacerlos atractivos a los usuarios.
"No se puede hacer obligatorio, algo que no tiene un valor añadido", añadió Torres.
La Ley Omnibús
La conocida como Ley Ómnibus, que, entre otras cosas, adapta la normativa de los colegios profesionales a la transposición de la Directiva de Servicios de la Unión Europea, considera que en muchas ocasiones estos visados no suponen mayor seguridad para los consumidores, sino una traba administrativa que sólo encarece y retrasa.
Entre los visados, los referidos al ámbito de la edificación (tres trabajos), la instalación de infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios (un trabajo), la fabricación y venta de explosivos (tres trabajos), voladuras y demoliciones de edificios (dos trabajos) y el aprovechamiento de recursos mineros (un trabajo).
La Ley prevé que la solicitud del visado sea obligatorio sólo "en los casos estrictamente necesarios y proporcionados" y pretende que los consumidores sabrán con certeza que les garantiza el visado y a qué precio, teniendo así la información necesaria para elegir libremente.
Servicios voluntarios
Según señaló ayer Ángel Torres, se trata de una reforma que "no interfiere en la libertad de organización de los Colegios de Profesionales, que podrán ofertar otros servicios voluntarios donde sea el propio consumidor el que decida contratarlo atendiendo a la utilidad que éste les reporte".
El objetivo se centra en la reducción de trabas a la actividad económica y la reducción de las cargas administrativas. "Reduciendo el número de trabajos profesionales que deben ser visados se contribuye al esfuerzo de reducción de barreras, cargas administrativas y de mejora de la regulación para así ganar competitividad", insistió.
Con esta nueva iniciativa, se reducirá los costes a empresas y particulares por un importe de 807 millones de euros al año, de los 932 millones que actualmente los colegios ingresan por este concepto, según las estimaciones realizadas por los servicios técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda.
