Las chapuzas jurídicas del caso Fórum y Afinsa, al descubierto

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Sede de Afinsa en Madrid

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Un buen número de las acusaciones particulares que representan a afectados de Fórum y Afinsa actúan con estrategias chapuceras, que desesperan a sus clientes.

Así, hay bufetes que ahora preparan sus demandas ante la Audiencia Nacional (AN), puesto que han esperado hasta conocer la primera sentencia sobre la responsabilidad patrimonial del Estado para presentar argumentos distintos de los que fuesen rechazados por la Sala Contencioso-Administrativa y lograr una sentencia beneficiosa.

"Solución adecuada"

Estas tácticas se han mantenido, a pesar de que hace muchos meses que era público y notorio que la AN iba a fallar una única sentencia que agrupase a todas las demandas e, incluso a los afectados de las dos empresas filatélicas, que en los campos Penal y Civil mantienen procedimientos diferentes.

El texto de la sentencia que ha exculpado al Estado, lo deja bien claro en su Segundo fundamento, al afirmar que "este Tribunal considera que una adecuada solución de la singular problemática jurídica que enjuiciamos, debe ser abordada desde una perspectiva general, en la que se contemple el problema de una forma global, dando una respuesta uniforme a todos o, al menos, a la gran mayoría de los motivos recogidos en las distintas reclamaciones de los perjudicados, más allá de los concretos matices argumentales o de la diferente redacción de alegaciones coincidentes en su esencia.

Y ello por cuanto las respuestas de los Tribunales han de aparecer referidas, con carácter general, a las pretensiones y a los motivos de impugnación esgrimidos por las partes, no a los argumentos concretos utilizados".

Espera de un nuevo Fallo

En el caso de los afectados que recurrieron a los Tribunales Superiores de Justicia de sus respectivas autonomías, hay, todavía, bufetes que han anunciado que esperan un fallo de estos tribunales, sin informar a sus clientes de que lo único que pueden esperar es la notificación de la sentencia de la AN. En estos casos, los afectados consideran que se pierde un tiempo decisivo para plantear el recurso y, sobre todo, para rebatir los argumentos de la sentencia de la AN.

Hubo una asociación de usuarios (Adicae) que recurrió al Supremo mientras pedía a los aludidos que se sumasen a sus clientes, cuando la normativa dejaba bien claro que el recurso se hacía ante la AN. Como era de esperar, la demanda entró en la misma lista que las demás.

Otros, para mostrar que consideran una injusticia social el que sólo puedan recurrir en casación ante el Supremo los que hayan invertido más de 150.000 euros, piensan recurrir en nombre de todos sus clientes, lo que obligará al Supremo a rechazar a los que no pueden.

Mientras, en la vía Penal, donde los juzgados de los jueces Baltasar Garzón y Santiago Pedraz, los abogados buscarán que se declare responsable civil subsidiario al Estado por haber permitido la actuación sin control de las filatélicas.

Procesos concursales

La batalla jurídica en estos juzgados se antoja muy dura y peligrosa, puesto que la sentencia de la AN coincide con las tesis mantenidas por las defensas de los ex responsables de Fórum y Afinsa, lo que les servirá de apoyo para intentar demostrar que su actividad no debía estar bajo el control del Banco de España ni de la CNMV, lo que podría suponer su absolución, porque la Fiscalía Anticorrupción basa su acusación en que actuaban como bancos. Además, acusan a la Agencia Tributaria (Aeat) de que la operación de cierre de su actividad supuso la destrucción del patrimonio de las dos sociedades.

También, en la vía Civil, la sentencia de la AN repercutirá en los procesos concursales, pues el juez Francisco Javier Vaquer, mantuvo en su sentencia que la actividad era de carácter financiero, por lo que ordenó a la Aeat la devolución, destinada a la masa activa del concurso, el dinero que Afinsa pagó en concepto de IVA e Impuesto sobre Sociedades.

Por ello, la Aeat tuvo que devolver en 2009 cerca de 2,51 millones de euros, dinero que entregó a la administración concursal. Una situación jurídica que rechina.

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