La Comisión Nacional de Energía ha adelantado un recorte de 120 millones de euros a la energía fotovoltaica que se tenía que producir en 2015 a diciembre de este año, tal como ha comunicado el regulador a los agentes del mercado, tras una reunión celebrada el pasado 13 de junio.
En concreto, el consejo de administración del organismo que preside Alberto Lafuente ha autorizado la adaptación del método de cálculo de la liquidación para las instalaciones con un límite de horas equivalentes de funcionamiento con derecho a prima.
La nueva metodología contempla que en el mes en el que se alcance el número de horas equivalentes de referencia correspondientes a la instalación, se procederá al pago de la prima equivalente hasta la hora en la cual se alcance dicha limitación.
Además, la CNE deja claro que en las liquidaciones correspondientes a la producción del año 2012, la metodología será la misma a la aplicada en el año 2011. El regulador procederá a la posterior regularización a la hora en la Liquidación Provisional Final Tercera, que es la que está a punto de cerrar.
El límite a las horas de producción para la fotovoltaica fue aprobado en diciembre de 2010. A modo de ejemplo, para una instalación de 5 kilovatios el tope se fijó en 1.707 horas anuales de funcionamiento para 2011, 2012 y 2013, lo que equivale a un 27 por ciento menos de la producción media anual de electricidad generada. Para los años sucesivos se establece un límite de horas de funcionamiento de 2.015 horas, esto es, una disminución del 15 por ciento de los ingresos. Adicionalmente, se amplió el plazo con derecho a tarifa regulada de 25 a 28 años para compensar el recorte.
Ante estos recortes y el nuevo golpe que ha supuesto la reforma fiscal energética, las principales asociaciones de renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético han denunciado al Gobierno español por incumplir las Directivas de Renovables.
Sin embargo, la Comisión Europea respondió a estas denuncias mediante una carta el pasado 14 de junio con una petición de tiempo para poder evaluar con más detalle si existe cualquier tipo de infracción por parte del Gobierno español del derecho europeo.
