Cuatro grandes fondos de inversión internacionales, Antin, Eiser, InfraRed y Renergy, han solicitado formalmente al Gobierno una negociación sobre los recientes cambios legislativos que afectan a las renovables: termosolar y eólica.
La petición se ha realizado al amparo del Tratado de la Carta de la Energía. Los inversores internacionales confiaron al realizar sus inversiones en las expectativas "razonables y legítimas de que España mantendría sus compromisos y proporcionaría un marco estable para sus inversiones", indican y lamentan que España ha hecho numerosos cambios.
Según los fondos, "estos cambios legislativos, que de forma retroactiva afectan a las plantas que ya están en funcionamiento o en construcción, frustran las expectativas razonables y legítimas de los inversores, y la premisa sobre la cual estos inversores destinaron un importante capital a proyectos de energías renovables en España".
Los inversores muestran también su preocupación por la próxima reforma energética ya que creen que podría causar incluso un daño mayor a las inversiones de los inversores en los sectores eólico y termosolar en España.
Los inversores aseguran que las acciones emprendidas por España son contrarias a sus obligaciones previstas en el Tratado de la Carta de la Energía y han causado daños sustanciales.
Las inversiones en estos sectores requieren un marco regulatorio fiable, a largo plazo y, concretamente en el caso de las energías renovables, un régimen de apoyo estable y previsible. A diferencia de las instalaciones de producción de energía eléctrica convencionales, los productores de electricidad a partir de renovables no pueden repercutir los incrementos de costes o impuestos al consumidor final y, a diferencia de las compañías eléctricas, no pueden adaptar sus costes ni estructura financiera ante cambios repentinos en las condiciones de inversión.
Los inversores han notificado al Gobierno de España la existencia de una disputa a través de cartas enviadas en abril. Según fuentes consultadas por elEconomista hay un total de nueve cartas pidiendo negociar.
La Carta de la Energía estipula que las disputas que puedan surgir entre inversores y el Estado han de resolverse, si es posible, de forma amigable. En sus cartas, los inversores solicitaron del Gobierno el inicio de las negociaciones. Si la controversia no se resuelve de forma amigable, los inversores someterán sus reclamaciones a arbitraje internacional, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado. A pesar de los numerosos intentos por parte de los inversores de reunirse con el Gobierno de España, esto no ha sido posible. Los inversores continúan a la espera de una respuesta por parte del Gobierno para mantener este encuentro.
Renovables: El efecto de un recorte del 20%